La postura de esa corporación frente al escándalo que involucra a tres de sus expresidentes (Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte) se dio a conocer mediante un comunicado.
A Bustos y Ricaurte la justicia los investiga por presuntas irregularidades mientras eran jueces, ya que, según la Fiscalía, hay grabaciones obtenidas de conversaciones entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el capturado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, abogado de Moreno, en las que se mencionan solicitudes de pagos a dos exmagistrados de ese tribunal.
Hoy, las fortunas de Bustos, Ricaurte y Tarquino son investigadas por las autoridades de Colombia y Estados Unidos, que las consideran como vías para seguir la pista de los aparentes pagos millonarios que habrían recibido por manipular y redireccionar procesos para favorecer a senadores investigados.
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Con todo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en su comunicado, expresa “absoluta confianza” en la labor de la Sala de Casación Penal y el sistema judicial en general en la lucha contra la corrupción.
Asegura que el descubrimiento de estos posibles actos delictivos, y los expedientes ya abiertos para llegar al fondo de la verdad, “prueban la solidez de las instituciones jurídicas colombianas”; y recuerda que “los magistrados de los altos tribunales están sometidos, como todos los ciudadanos, al imperio de la ley”.
“En este delicado momento, la Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía, a los actores sociales y a los líderes de las instituciones públicas y privadas para que, en esfuerzo común, salvaguardemos la integridad institucional”, dice en otro de sus apartes el comunicado. “Los poderes públicos, los organismos de control y la sociedad civil tenemos la gran responsabilidad histórica de defender lo construido en democracia y consolidar las conquistas del Estado social de derecho trazado por la Constitución Política de 1991”.
También dice que “deplora las sombras de duda que las recientes revelaciones provocan en el imaginario social, respecto a una justicia que por cerca de dos siglos ha trabajado en la construcción del Estado democrático colombiano, con integridad y hasta el sacrificio de la vida de sus propios jueces”.
