"Castigos largos y crueles no tienen utilidad": minjusticia, sobre la situación carcelaria

En su paso por Ibagué, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, anunció la deportación desde Venezuela de la excongresista Aida Merlano, respondió a los interrogantes que surgen en torno a la reforma a la justicia y se refirió, entre otros temas, a la derogación del incesto como delito, asunto que ha suscitado debate.

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De hecho, sobre el encuentro con la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal Judicial, que tuvo lugar en la Universidad del Tolima, destacó la oportunidad de diálogo y lo que trajo consigo: información respecto a la problemática que atraviesa el poder judicial.

Esto encaminado en lograr “concertar una mesa específica para jueces penales, es una oportunidad invaluable que va a enriquecer mucho todas las labores del Ministerio de Justicia”, acotó.

Sin embargo, mencionó que entre los retos que afronta el articulado que, cabe decir, fue radicado hace más de un mes en el Congreso de la República, aflora uno correspondiente al aspecto cultural.

Se trata de que la “sociedad colombiana comience a advertir que los castigos excesivamente largos y crueles no tienen utilidad, el castigo tiene que servir para algo, todo ese dinero que nos gastamos en cárceles tiene que tener utilidad social y lo que estamos haciendo ahora no la tiene”, apostilló Osuna Patiño.

Asimismo, resaltó que el proyecto de ley pretende intentar disminuir la impunidad y negó que la iniciativa, que en su concepto ha sido sujeto de discusión en distintos foros, luego de ser elaborada partir de discusiones y evidencias, contenga ‘mico’ alguno.

En cuanto al hecho de despenalizar el incesto como delito, planteamiento que ha suscitado opiniones divididas, refirió: “Cuando una conducta es contraria a la moral, pero no afecta los derechos de nadie, debe ser dejada a la moral, pero imponerla desde el derecho penal quería decir que el Estado está imponiendo una moral como obligatoria y eso es repudiable desde una perspectiva de moral democrática”.

La realidad carcelaria, otro desafío

Conforme al titular de la cartera de Justicia, el actual Gobierno nacional encontró una situación penal, que calificó como ‘catastrófica’, pues según reseñó, en los últimos 20 años se ha dado una serie de reformas a la legislación penal, a su juicio, enfocadas en el aumento de penas, creación de nuevos delitos o disminución de beneficios.

Así pues, manifestó que estas, en su concepto, no estuvieron acompañadas de un presupuesto suficiente para asumir los efectos de su implementación, y desencadenaron, por ejemplo, el aumento de la población carcelaria.

Precisamente frente a ese fenómeno, indicó que hoy día alrededor de 200 mil personas se encuentran privadas de la libertad en el país, no obstante, advirtió que las cárceles a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tan solo tendrían, según sus cuentas, 90 mil cupos.

“Tenemos unas 30 mil personas en las estaciones de policía o Unidades de Reacción Inmediata, URI, donde no debería haber nadie, y tenemos unas 80 mil personas en prisión domiciliaria, incluye tanto los detenidos preventivamente como los condenados”, precisó Osuna Patiño.

Y agregó: “Esa privación excesiva de libertad a mi modo de ver las cosas, con penas supremamente largas, de hasta 50 años, no nos ha conducido a una sociedad con menos criminalidad, no nos ha conducido a reparación en las víctimas, no nos ha conducido a una justicia más rápida, y sí nos ha conducido a un estado de cosas inconstitucional en las cárceles”.

En ese orden de ideas aseveró que con el proyecto de ley 336 del 6 de febrero de 2023, “por medio del cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”, se cuenta con dos ejes: la resocialización y la justicia restaurativa.

Panorama en la región

Por su parte, Alba Cristina Morales Lozano, procuradora Judicial del Tolima, expresó que ni el Tolima, ni Ibagué son la excepción respecto al estado de cosas inconstitucional, y de acuerdo con datos compartidos en medio de su intervención, 335 personas están privadas de su libertad en la Permanente Central de la Ciudad Musical, siendo 10 de ellas mujeres.

Aunado a ello, trajo a colación la ley 65 de 1993, que establece, según rememoró, que “ningún condenado puede estar en las estaciones de policía”, sin embargo, en la realidad, y particularmente en el departamento, la escena es otra.

Conforme a su balance, hay 40 condenados, 26 de ellos se sitúan en Chaparral, y el número restante corresponde a Guamo y Melgar. Así las cosas, señaló que pese a las acciones constitucionales que se han interpuesto en favor de la población privada de la libertad, en calidad de imputados, las mismas han sido desatendidas.

Bajo ese contexto, y en caso que el articulado sea probado, vaticinó una ‘avalancha’ de peticiones a las cuales deberán hacer frente los jueces ejecutores de penas, sobre quienes acotó que son claves en la ‘dinamización’ del planteamiento de la Administración nacional y que: “hay siete y se proyectan dos más, pero aún así serían insuficientes para atender ese número cuantioso de peticiones que se viene”.

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A tal preocupación, en materia de capacidad, se suma la de recursos, por lo que el ministro puso sobre la mesa la idea de llevar a cabo “una mesa entre la parte de justicia penal de Asonal Judicial, con el Gobierno, y hacemos la cuenta de qué se necesita de modo urgente, cuántos despachos, plata, e intento gestionar con el Consejo Superior de la Judicatura”.

“Estamos empeñados en una política penitenciaria que sea más eficiente, que ofrezca más seguridad a la ciudadanía y posibilidades de resocialización a las personas que están condenadas.