La Procuraduría inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos, funciones públicas o contratar con el Estado, al gerente de la campaña Juan Manuel Santos Presidente, José Roberto Prieto Uribe. Además, lo multó con $ 50.5 millones, tras haber encontrado que falsificó datos en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial (2014-2018) entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE).
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El Ministerio Público determinó que, en dicho informe, Prieto aseguró que no se recibieron contribuciones o donaciones de particulares ni ayudas en especie. Sin embargo, la Procuraduría probó que la campaña sí recibió una donación en especie proveniente de la constructora brasilera Norberto Odebretch S. A. Sucursal Colombia. La donación, que no estaba representada en dinero, consistió en contratar con la firma Paddington Ventures Límited Corp estudios de opinión electoral por US$ 1.000.000. Esos datos buscaban establecer un panorama frente a la opinión pública de los posibles candidatos presidenciales.
Para dar con este resultado contra la corrupción, el ente de control afirmó que los testimonios del representante de Odebretch, Eleuberto Martorelli, ante la Procuraduría y la Fiscalía, fueron claves para determinar la culpabilidad de Prieto. “La empresa Odebretch estaba siendo requerida por la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, para financiar un estudio de opinión cuyos resultados indicaran la evaluación de diferentes escenarios con los candidatos presidenciales”, declara el fallo de primera instancia.
Aunque Martorelli aseguró no tener certeza sobre el destino final del estudio entregado por la empresa de marketing político, la Procuraduría comprobó, mediante un análisis de los documentos en que se establecieron los resultados, que estos estaban dirigidos específicamente a la campaña Juan Manuel Santos para la presidencia 2014-2018.
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“Al estar probado lo anterior, no encuentra duda el Despacho en que en el informe suscrito el 25 de junio de 2014 por el señor Prieto Uribe, en su condición de gerente de la campaña, se consignó una falsedad al indicarse que no se habían recibido contribuciones o donaciones de particulares, ni ayudas en especie valoradas a su precio comercial”, indica el fallo que lo inhabilita.
El exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, en 2010 y 2014, pagó una condena de cinco años de prisión por tres delitos relacionados con manejo irregular de dinero con el pretexto de “tapar huecos” a favor del exmandatario. En abril de 2022 quedó libre. Sin embargo, la Fiscalía todavía no cumple una promesa de la que habló a principios de 2021: imputarlo por un nuevo delito por irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol III.
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