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Una nueva jornada de manifestaciones y desmanes sembró el caos en la NQS, a la altura del ingreso a la Universidad Nacional. En esta oportunidad, durante la tarde del 8 de agosto, un grupo de encapuchados volvió a recurrir a la violencia para bloquear el tráfico del importante corredor vial.
Durante los desmanes, que duraron alrededor de dos horas, un individuo camuflado con un uniforme azul y una máscara, comenzó a lanzar bombas tipo molotov contra los vehículos que transitaban en la vía.
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En los videos que circulan en redes sociales, se aprecia como el encapuchado enciende una botella y la tira indiscriminadamente contra un grupo de motociclistas. Por fortuna, el objeto contundente no alcanzó a herir a ninguno de los transeúntes.
#BOGOTÁ. Continúa cerrada la NQS sentido norte-sur, en Bogotá, por enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública, en las afueras de la Universidad Nacional. pic.twitter.com/iEnDvvxlK2
— Colombia Oscura (@OscuraColombia) August 9, 2024
Otros hechos de vandalismo de la jornada consistieron en la destrucción del paradero de buses al frente del recinto educativo, y mobiliario público del sector.
Este tipo de hechos se están convirtiendo en paisaje y en un dolor de cabeza constante para las autoridades distritales. La semana pasada, otro grupo de encapuchados también lanzó una bomba contra un vehículo de la Policía que también pasaba por el corredor. En aquella oportunidad, incluso, se evidenció el uso de disparos por parte de los uniformados atacados.
Al menos 5 uniformados y dos manifestantes han resultado heridos durante los enfrentamientos que, además de poner en riesgo la vida de la ciudadanía y la comunidad estudiantil de la universidad, entorpecen a diario el tráfico por un corredor arterial como este. A menudo, los cierres de estaciones, trancones y desvíos, alargan, hasta en una hora, el viaje de las personas que regresan a sus casas en horas pico.
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La situación ha llegado a tornarse tan insostenible que, la propia secretaría de Seguridad, en cabeza de César Restrepo, le ha pedido a las autoridades nacionales y de la Universidad Nacional, tomar medidas más drásticas para restringir la circulación de explosivos en el recinto.
El funcionario ha sido explícito en que la jurisdicción del Distrito, dada la autonomía con la que goza la universidad, termina en los alrededores del Alma Mater y en el espacio público aledaño. Por consiguiente, el control de los episodios violentos, que en su mayoría se origina de encapuchados que salen desde el campus, recae también en los dos entes previamente mencionados.
Protocolos y desmanes
Desde el Distrito, específicamente desde la cartera de seguridad, han sido enfáticos en que la circulación de objetos explosivos y encapuchados debe ser tratada por parte de las autoridades universitarias. Lo anterior, teniendo en cuenta que la institución cuenta con un estatuto de autonomía.
“Lo que vemos es, a todas luces, un acto de defensa. El tema de fondo es la proporcionalidad en el uso de la fuerza. La investigación debe demostrar si el uso del arma por los policías correspondía a una respuesta acorde a la utilización de explosivos, tal y como lo muestra la evidencia. Lo que vemos es que ambas acciones ponen en riesgo, además de la vida de los implicados, la integridad de transeúntes, conductores y estudiantes, entre otros grupos ajenos a la confrontación que se dio en ese momento. En ese sentido, es un hecho que las dos partes realizaron actos peligrosos contra la vida de las demás personas”, afirmó Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, a El Espectador.
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Al respecto, la ONG Temblores, a través de un comunicado, mostró su preocupación por “el no cumplimiento de la normativa vigente por la Policía Nacional, específicamente del Decreto 003 de 2021, en el que se prohíbe el porte de armas de fuego en cualquier escenario de protesta social”. Y teniendo en cuenta los antecedentes de uso de armamento letal contra manifestantes por la Policía, tal y como ocurrió en septiembre de 2020, cuando varias personas murieron asesinadas presuntamente por las autoridades, el llamado de la organización es a “que se abran las investigaciones disciplinarias en el Ministerio Público para que se tomen medidas de no repetición”.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la universidad aseguró que “en ninguna circunstancia los policías debieron sacar sus armas de dotación. ¿Por qué? Porque se trata de armas altamente letales, que fueron accionadas en un entorno rodeado de civiles y de gente ajena a la confrontación. Además, los policías que dispararon no estaban atendiendo los disturbios y la fuerza encargada de esa tarea, el Undmo, ya estaba al frente de la situación, siguiendo los protocolos establecidos”.
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