El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El aumento de la extorsión no es un fenómeno distrital. Este flagelo se empezó a disparar en todo el país tras la pandemia. Tanto los grupos armados como la delincuencia organizada han hecho de este delito su principal fuente de financiación y una de las maneras más efectivas de imponer terror en los territorios que buscan dominar.
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Según la fundación Pares, este fenómeno incrementa el riesgo de vulneraciones de los derechos fundamentales, en especial de comerciantes, transportadores, tenderos y habitantes de sectores periféricos, pues con los fines económicos vienen las amenazas, los atentados contra personas, viviendas y locales, y, en casos extremos, el homicidio.
La situación de la ciudad, a todas luces, preocupa. De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional (Siedco), entre enero y abril, de 19 localidades (no se incluye Sumapaz), en 16 el delito casi que se ha triplicado, al pasar de 290 denuncias en el mismo período de 2023 a 790 este año.
Las cinco localidades donde hubo mayor incremento fueron Ciudad Bolívar (pasó de 12 denuncias a 48), Los Mártires (de 32 casos a 121), Barrios Unidos (de 10 a 29), Suba (de 41 a 109) y Teusaquillo (de 9 a 23). Las únicas localidades donde los índices disminuyeron fueron Usme, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, con una reducción del 35,6, 40 y 29,3 %, respectivamente.
El Tren de Aragua, con presencia en el centro, suroriente y suroccidente de la ciudad, ha delimitado su territorio con fronteras invisibles, generando disputas con otras bandas como los Camilos, los Paisas, los Maracuchos, los Lobos y, por último, los Satanás, que se ha visto reducida tras la captura de su cabecilla y de varios lugartenientes.
No obstante, sus reductos operan en Kennedy, Barrios Unidos y Los Mártires, donde extorsionan a comerciantes, conductores, bicitaxistas, trabajadoras sexuales, entre otros. Según detalló la fundación Pares, en 2023 exigía pagos semanales que oscilaban entre $ 250.000 y $ 300.000, y a comerciantes con mayor poder adquisitivo las exigencias llegaban hasta los $ 300 millones.
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