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La Superintendencia de Transporte de Colombia solicitó a la Alcaldía de Bogotá revisar un acuerdo sobre nuevas reglas para controlar el transporte no autorizado.
El acuerdo aprobado en segundo debate por el Concejo Distrital hace referencia a la infracción D12, el cual busca mejorar las prácticas en la aplicación de sanciones relacionadas con la infracción impuesta a conductores que presten servicio público sin autorización a través de plataformas digitales.
Según el concejal Juan Daniel Oviedo: “Este acuerdo demuestra que es posible construir consensos que equilibren la legalidad con el respeto a los derechos ciudadanos”.
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En cuanto a Supertransporte, cualquier modificación a la normativa de tránsito debe respetar el procedimiento establecido por el legislador.
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Al respecto, Ayda Lucy Ospina Arias, superintendente de Transporte, destacó que: “Aunque es importante garantizar los derechos de los actores viales, los gobiernos locales no pueden dictar normas permanentes que modifiquen el Código Nacional de Tránsito”.
“Es fundamental salvaguardar los derechos ciudadanos, pero también debemos velar por el cumplimiento de la ley, especialmente en temas de seguridad vial y protección de vidas humanas”, señaló Ospina. Por ello, hizo un llamado a la Administración Distrital para que revise con detalle el texto del acuerdo.
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Si bien el Concejo de Bogotá tiene la facultad de dictar normas de tránsito y transporte, estas no pueden alterar o contradecir las disposiciones legales vigentes. La Superintendencia advirtió que, en casos donde una misma conducta configure dos infracciones, no se puede limitar a registrar solo una de ellas, ya que esto desconoce el concurso ideal de infracciones administrativas.
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Además, la entidad recordó que cualquier acción normativa debe respetar las competencias del legislativo y el ejecutivo, garantizando la aplicación de las leyes de tránsito sin interferencias indebidas.
Supertransporte exhortó a las autoridades locales a continuar fortaleciendo los controles sobre el tránsito y el transporte, garantizando tanto los derechos de los infractores como de los prestadores de servicios públicos autorizados.
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