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El pasado lunes, en la zona rural de Tarazá, corregimiento de Doradas Altas, dos militares fueron víctimas de un ataque aéreo perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes, utilizando drones, arrojaron explosivos desde el aire sobre los uniformados que desarrollaban labores de patrullaje. Según los reportes del Ejército Nacional, el hecho dejó a los dos soldados gravemente heridos, quienes recibieron atención médica básica por parte de enfermeros de combate presentes en la zona.
El incidente, según información proporcionada por la Séptima División del Ejército y publicada en El Colombiano, se da en un contexto de enfrentamientos constantes entre el ELN, la estructura Héroes de Tarazá y el frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), motivados por el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas en la región. La confrontación armada en este territorio evidencia la disputa violenta por los corredores utilizados para el narcotráfico.
Después del ataque, los soldados afectados fueron remitidos a centros asistenciales en Medellín, donde, según el reporte oficial del Ejército, su estado de salud es estable y su recuperación avanza de manera positiva. La institución militar subrayó la flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometida por los atacantes, así como el esfuerzo de los enfermeros de combate por preservar la vida de las víctimas inmediata y oportunamente.
Este evento pone de manifiesto la desventaja evidente con la que cuentan las fuerzas regulares en las montañas antioqueñas frente al avance tecnológico empleado por los grupos armados ilegales. El uso de drones por parte del ELN y las disidencias de las Farc no solo permite ataques contra militares y estructuras rivales, sino que también sirve para intimidar a comunidades enteras y vigilar el movimiento de tropas y enemigos.
De acuerdo con fuentes del Ejército y la empresa estatal de armamento Indumil, los drones empleados han sido adaptados para cargar hasta diez kilos. Los explosivos, generalmente granadas de mortero que no superan los cuatro kilos y medio, pueden ser transportados y lanzados desde el aire con precisión. Adicionalmente, algunos de estos dispositivos tendrían visión nocturna y capacidad de vuelo superior a los 100 kilómetros, lo cual facilita su utilización en operaciones estratégicas y reduce el riesgo para los operativos de los grupos armados.
Lo más preocupante es la facilidad con la que estas organizaciones acceden a la tecnología. Los drones utilizados no pertenecen a usos militares específicos, sino que se compran en establecimientos comerciales o por internet por montos que oscilan entre tres y diez millones de pesos. Los mecanismos adaptados para cargar explosivos, también de fácil acceso, se venden desde noventa y cinco mil hasta ciento noventa mil pesos, dependiendo de su capacidad. Según fuentes de inteligencia citadas por El Colombiano, las personas encargadas de manipular estos dispositivos han sido formadas por los propios grupos ilegales, lo cual les permite operar con conocimiento del terreno y pericia en el manejo de aeronaves no tripuladas.
Esta nueva modalidad de ofensiva tecnológica representa un reto considerable para la seguridad en Antioquia y para las Fuerzas Armadas, que ven cómo la disponibilidad de tecnología comercial puede poner en riesgo tanto a sus efectivos como a la población civil. En la medida que estos dispositivos continúan siendo utilizados para fines armados, se incrementa la urgencia de revisar las estrategias de enfrentamiento y defensa en las zonas rurales del país.
¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se aplica en casos como este?
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de guerra. Según lo señalado por el Ejército en este caso, el uso de drones para lanzar explosivos contra personal militar en labores de patrullaje constituye una violación flagrante a estas disposiciones.
La aplicación del DIH en Colombia es particularmente relevante en contextos donde los actores armados recurren a métodos tecnológicamente innovadores y de difícil rastreo, como el empleo de drones comerciales adaptados para la guerra. Las autoridades utilizan el marco del DIH no solo para denunciar los ataques, sino también para orientar sus protocolos de atención y protección tanto de la fuerza pública como de la población civil sometida a este tipo de agresiones.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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