A través de esos procedimientos quirúrgicos para pacientes fantasmas, desviaron 7.000 millones de pesos en recursos de la salud destinados a las comunidades indígenas en Córdoba y la auditora puso en riesgo su vida por denunciar los hechos, le contó a Noticias Uno.

El responsable es Pedro Pestana, cacique Zenú de San Andrés de Sotavento. Él creó la EPS en 2011 y llegó a tener 210 afiliados de su etnia y de los Embera Katío.

Sin embargo, desde 2009 estaba condenado por nexos con grupos de las autodefensas del desaparecido jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’.

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Esa condena la pagó en el centro de reclusión indígena cacique Mexión, ubicado en Tuchín, bajo las leyes de ese resguardo; y que según le dijo la funcionaria al noticiero “es más como una finca”, pues se conocen imágenes del político en piscina o fiestas con mujeres y amigos.

La denunciante renunció a la EPS y a su casa llegó un hombre al que le habían pagado dos millones de pesos para matarla junto con su hija, y para que “no siguiera investigando”. Ella logró encerrar a su hija en un cuarto y luchó contra el atacante. Así relató el momento en ese medio:

“Me dio más de ocho machetazos, me voló el dedo. Yo estaba recostada en un charco de sangre, sin fuerzas. Solamente veía al tipo dándole machetazos al cuarto de mi hija. Yo salí a la terraza y comencé a pedir ayuda. Me dio como seis puñaladas entre el hígado y en el abdomen”.

Logró sobrevivir y llevó su caso a la Fiscalía pero no ha avanzado. Incluso asegura que el Fiscal que buscó en Lorica archivó el proceso y le pidió que no volviera o “le podía seguir pasando algo”, mientras los otros investigadores tratan de “desvirtuar todo como si fuera un complot político”.

Pese a que Pestana fue condenado, la Superintendencia no ha podido quitarle la EPS y la Procuraduría no ha recuperado el dinero perdido, que al parecer se desvió a la campaña política de su hermana. La exfuncionaría sigue esperando justicia, pero el cacique no ha recibido ningún castigo.