No obstante, una revisión a los procesos muestra algunas dudas en sus cálculos.
En noviembre de 2021, cuando los ojos del mundo estaban puestos en la Cumbre de Cambio Climático (COP26) que se realizó en Glasgow, Escocia, el presidente Iván Duque hizo anuncios esperanzadores ante los miembros de más de 190 países:
“Podemos decir con orgullo que hemos suscrito el compromiso de tener el 30 % de nuestro territorio como áreas protegidas para el año 2030, pero no vamos a esperar hasta el año 2030. En el 2022 tendremos el 30 % de nuestro territorio declarado como área protegida”.
En otras palabras, Colombia habría cumplido la meta mundial, conocida como “30×30″, que consiste en tener el 30 % del territorio del mundo bajo una figura de protección para el 2030, con ocho años de anticipación, justo antes de su cierre de gobierno.
Las áreas protegidas son una de las mejores herramientas para enfrentar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y conservar ecosistemas estratégicos. Sin embargo, los anuncios del expresidente, que se multiplicaron en el último año, generaron dudas. ¿Sería posible duplicar en menos de doce meses la cantidad de zonas que tenía el país bajo alguna figura de protección? ¿Por qué no, en vez de acelerar el proceso, mejor destinar los recursos a lo que hay actualmente, ya que de 59 parques nacionales naturales que existen, 35 tienen ecosistemas en algún grado de amenaza?
A un mes de la salida de Duque, los anuncios comenzaron a ser más frecuentes. Durante julio el presidente explicó que había logrado proteger el 31 % del territorio continental y el 37 % del mar. En resumen, durante su mandato el país había pasado de tener 31,4 millones de hectáreas protegidas, de las cuales 13 millones eran áreas marinas, a tener 70,3 millones de hectáreas para su cierre de gobierno (34,9 millones son marinas). La duplicación fue en tiempo récord.
Pero hay algo que no cuadra en los cálculos de Iván Duque. Al revisar en detalle el estado de cada uno de esos procesos, El Espectador comprobó que varios aún no han culminado; es decir, son áreas que todavía no han sido declaradas como protegidas. Además, más del 40 % son acuerdos para la conservación con comunidades y gobiernos locales, muchos de los cuales fueron pactados antes de que Duque asumiera como presidente.
Duplicar las áreas protegidas en un año. ¿A qué costo?
Uno de los principales interrogantes de la meta de Duque tiene que ver con una figura muy conocida entre los expertos llamada Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC).
A diferencia de las áreas protegidas, las OMEC son una herramienta de gestión y conservación de zonas que no es liderada por el Gobierno, sino por las comunidades y los gobiernos locales. “Colombia viene desarrollando estas medidas desde hace varios años, como con las reservas de la sociedad civil y los ejercicios de conservación de pueblos indígenas, y ha sido un tema muy interesante”, cuenta Sandra Vilardy, profesora de la U. los Andes y directora de Parques Cómo Vamos.
De hecho, de las 35’391.348 hectáreas terrestres que se han sumado para cumplir la meta de 31 % que anunció Duque, 19’080.038 (solo un 53 % de ese 31 %) son áreas protegidas, el resto se ha logrado gracias a las OMEC. Y aunque se trata de una buena figura, expertos creen que la forma como el Gobierno las sumó a la meta deja muchas dudas.
“El problema es que este último año se ha forzado a que las OMEC entren en metas internacionales, saltándose el principio de gobernanza local”, agrega Vilardy. A lo que se refiere es a que después de hacer el anunció en Glasgow, el Gobierno empezó a buscar qué figuras de conservación existían ya en Colombia para poder presentarlas como OMEC ante el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación (WCMC), el organismo internacional que las valida y que permite sumarlas a la meta de 30×30. “Empezó un proceso maratónico, porque como estas áreas deben ser verificadas por expertos, nos llegaron muchas solicitudes para aprobarlas. Pero con un peligro muy grande: poner en riesgo los acuerdos de la conservación local, sobre todo en un país que ya está en guerra”, comenta Vilardy.
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Carlos Olaya, investigador de Dejusticia, coincide. “Hay que aclarar de dónde vienen los datos que anuncia el Minambiente, porque parece que estuvieran inflando las cifras de áreas protegidas con esta figura de las OMEC, que no es un área protegida y que, además, tiene un procedimiento especial para su reporte: que sean postuladas por las comunidades que habitan allí. Algunas de esas áreas involucran a comunidades alrededor de los parques de la Amazonía, pero lo curioso es que, de las conocemos y con las que trabajamos, ninguna ha postulado su territorio como OMEC”, explica.
Al consultarle al Ministerio de Ambiente cuáles y cuántas OMEC se habían agregado a la meta, explicó que se trataba de 53 figuras: tres marinas y 50 terrestres. Tres fueron presentadas ante la WCMC en 2021 y las otras 50 durante 2022.
En el listado, por ejemplo, se encuentra el río Bita, en Vichada, que fue incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar en junio de 2018, cuando Santos aún era presidente. Su acuerdo de conservación se dio gracias al trabajo de la Fundación Omacha, el Humboldt y la gobernación de Vichada y se trata de uno de los ríos más sanos de Colombia. Pero entre las OMEC también está la Ciénaga Grande de Santa Marta, sitio Ramsar desde 1998, en el que, pese a millonarias inversiones, se sigue perdiendo manglar, pesca y deteriorando el ecosistema.
“Tienen en la lista la Zona Amortiguadora Serranía De Chiribiquete, donde hay una confrontación real y con altos índices de deforestación. Allí ya hay una tensión social. Así que instrumentalizar la figura de las OMEC es también romper con la confianza de la gente”, asegura Vilardy.
Las áreas protegidas que aún no lo son
Además de las OMEC, en la meta 30×30 están incluidas áreas protegidas. Según Parques Nacionales Naturales, entidad encargada de delimitar y declarar las áreas protegidas, durante el gobierno Duque se adelantaron 15 procesos para declarar áreas bajo alguna figura de protección: ocho son nuevas declaratorias y siete son ampliaciones.
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En el primer grupo hay cuatro que ya se sabe qué figura tendrán: dos Parques Nacionales Naturales y dos Distritos de Manejo Integrado (ver mapa). En cuanto a las siete ampliaciones, se trata de tres Parques, dos Santuarios de Flora y Fauna, un Área Natural Única y un Distrito Nacional de Manejo Integrado. De los quince procesos, nueve serían áreas en zonas terrestres continentales de Colombia y seis marinas.
En Colombia, para lograr que un territorio logre ser declarado como área protegida, existe un proceso riguroso. Según explica Parques Nacionales Naturales, la ruta tiene tres fases.
La primera es la preparación, en la que se identifican las prioridades de conservación. La segunda fase consiste en recopilar toda la información, tanto biofísica, como cultural y socioeconómica, para delimitar el área. “Si es el caso se realiza consulta previa”, aseguran. Y la tercera es preparar un documento con un resumen del proceso que debe ser presentado ante la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, organización que le da un concepto favorable. Una vez se tiene este visto bueno, el Ministerio de Ambiente puede firmar la resolución para declararla.
Pero no todas las áreas presentadas por el Gobierno en las metas han alcanzado la fase final, es decir, no cuentan aún con resolución.
En las marinas –que son dos nuevas declaraciones y cuatro ampliaciones–, solo una no cuenta con la resolución del Ministerio de Ambiente: la ampliación del Santuario de Fauna de Acandí, Playón y Playona, con 70.000 has. En el área continental el panorama es otro. De las seis nuevas declaraciones, cuatro están en fase II, una en fase I y solo la Serranía de Manacacías, que se convertirá en un Parque Nacional Natural en San Martín (Meta), está en fase III.
En cuanto a las cuatro ampliaciones continentales, dos están en fase II y dos más en fase III. Estas últimas son la ampliación del PNN Tatamá – aunque en el documento de Parques no dice en cuántas hectáreas – y el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, al que se le sumarán 172.58 hectáreas.
Incluso, hay algunos de estos procesos que actualmente están suspendidos. Adolfo Correa, profesional del Grupo de Áreas Protegidas de Corantioquia, le explicó a El Espectador que la declaración de la Serranía de San Lucas –en fase dos según PNN y que se encuentra entre los departamentos de Antioquia y Bolívar – está en una especie de stand by, ya que busca ser equitativa e incluir a las comunidades.
“Muchas asociaciones de la zona, como la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, Fedeagromisbol y Funcopromas, han participado. Son más de 20 organizaciones comunitarias involucradas, por lo que el proceso a veces se detiene”, comenta. “En septiembre de 2021 acordamos que se iba a iniciar una serie de recorridos comunitarios, tratando de hacer una validación de todo el proceso que se estaba haciendo”.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y una de las personas que más han estudiado la deforestación y los Parques Naturales en la Amazonía, afirma que hay áreas, como Manacacías y Cumaribo, que tienen ecosistemas que están muy pobremente representados en el sistema ambiental. Por esto requieren protección urgente, ya que representan un valor excepcional para el país. “Sin embargo, es inviable pensar que las áreas que se pretende dejar nombradas funcionen, porque hace falta desarrollar un proceso fuerte de gobernanza local, apropiación institucional y fortalecimiento, no solo del sistema de Parques Naturales, sino de todo el Sistema Nacional Ambiental”, asegura.
Solo en la región amazónica, explica Botero, hay más de diez parques nacionales que no tienen actualmente presencia de sus funcionarios. “En estas áreas protegidas están la mayoría de actores armados ilegales, entonces no se puede pensar que el asunto es simplemente hacer nominaciones y dejar un compromiso internacional loable. Hay que pensar en reformas completas de la estructura política de la conservación en Colombia, en la capacidad financiera y en las capacidades de gobernanza, con la inclusión de actores sociales e institucionales”.
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Áreas marinas, más allá del papel
A diferencia de los vacíos en la declaración de zonas protegidas en tierra, la creación de nuevas áreas marinas protegidas ha estado respaldada por expediciones científicas y datos robustos que se han recolectado durante años gracias al trabajo de corporaciones autónomas, como Coralina; institutos de investigación, como el Invemar, y expediciones nacionales e internacionales, como la de Pristine Seas, de National Geographic.
Pero las condiciones en el agua son muy distintas. Los costos de operación para el control y vigilancia incluyen días de navegación, buques, combustible, guardacostas especializados, radares y tecnologías. “Declarar un área puede ser sencillo, en términos de generar un decreto o acto administrativo, pero el reto está en garantizar el soporte y la sostenibilidad de los esfuerzos”, afirma el capitán de Navío Juan Camilo Forero, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano.
Las nuevas áreas declaradas se encuentran, además, a días enteros de navegación desde las costas del país. La cordillera Beata está bajo rutas usadas comúnmente por el narcotráfico, y en Malpelo, Serranilla y Bajo Nuevo el gran reto está en enfrentar la pesca ilegal. Pese a que son ecosistemas claves para el país, son áreas gigantescas para las que tendrán que desarrollar planes de manejo en los que se tengan en cuenta el ordenamiento pesquero y las zonas de conservación.
Sus declaraciones también fueron en tiempo récord. “A finales de octubre del 2021 recibimos el llamado del presidente, y en menos de seis meses teníamos ya el material suficiente para entregarle a Parques Naturales el documento que inició la hora de ruta de la declaratoria”, dice el capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). “Ahora se viene el reto enorme de preparar los planes de manejo, que implica administrar la complejidad de estas áreas y que sean sostenibles técnica y financieramente en el tiempo”, agrega.
Los retos que le quedan al gobierno Petro
Meterle el acelerador a las declaratorias al final del gobierno también implica que gran parte de los retos quedarán en las manos del hoy presidente. Vilardy señala dos. Uno es de dónde va a salir la plata para cuidar y proteger el doble de las áreas que había en 2018.
Al hacerle esta pregunta al Ministerio de Ambiente, la respuesta fue que en muchos casos los recursos vendrán de la cooperación internacional. De hecho, en junio de este año, por ejemplo, se firmó un acuerdo de financiación de 245 millones de dólares para la primera etapa del programa Herencia Colombia, que cubrirá 32 millones de hectáreas de áreas protegidas.
Pero podría ser una solución a corto plazo. “Si las áreas protegidas son una ambición verdadera, se debería hacer un ejercicio desde el Ministerio de Hacienda, desde el presupuesto general de la nación para asegurar más recursos”, comenta Vilardy. Una idea que también comparte el ministro de Ambiente, Carlos Correa, quien aseguró a este diario que, pese a los recursos que se dejaron garantizados, la financiación del Sistema Nacional Ambiental “debe triplicarse para cumplir con los compromisos que hemos adquirido a nivel internacional”.
El segundo reto es mejorar la capacidad de la institución. Con los 59 PNN que tenía Colombia y solo el 15 % del área protegida, Vilardy ha calculado que había un déficit de más de 500 funcionarios de esta entidad. El tema se agudizará con el aumento de áreas que dejó Duque. Botero coincide: “Hoy el sistema de Parques en Colombia está subfinanciado y subdimensionado. Es un sistema que, desde hace rato, no tiene ni la infraestructura ni la calidad de funcionamiento que se requiere para ello. Sigue mendigando recursos internacionales para poder tener algunos funcionarios en ciertas zonas. Es necesaria una revisión de la política y la gestión de áreas protegidas en Colombia”.
Para Olaya, de Dejusticia, es importante tener en cuenta que gran parte de las amenazas sobre las áreas protegidas “vienen de parte de actores a los que no les importa el incumplimiento de las normas ambientales (como los actores armados) o de personas vulnerables que tienen que garantizar su sustento ocupando áreas protegidas”. En esos casos, insiste, no es suficiente la declaratoria formal, sino que se tiene que acompañar a los territorios con funcionarios, infraestructura de control, presencia permanente o visitas constantes y acuerdos con las poblaciones locales. “La impresión que queda con estas declaratorias exprés que hemos visto en el gobierno Duque, es que para demostrar el cumplimiento de metas y resultados hacen estos anuncios al final de sus mandatos, pero la gestión y los retos se vuelven una ‘papa caliente’ que se va trasteando entre gobiernos y no se resuelve su gobernabilidad”.
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