La pareja de colombianos, que vivió en Estados Unidos por más de 35 años, fue deportada después de acudir a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su expulsión dejó a sus tres hijas, todas nacidas en el país norteamericano, completamente solas.
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La pareja residía en Laguna Niguel, en el sur de Los Ángeles, donde había construido una vida y criado a sus hijas Gabby, de 23 años; Stephanie, de 27; y Jessica, de 33.
Aunque desde hace mucho tiempo buscaban regularizar su situación migratoria, la reunión con ICE terminó con su detención inmediata y traslado a un centro de reclusión, de acuerdo con lo informado por La Nación
Gabby González, la menor de las hermanas, expresó entre lágrimas el dolor de la familia por lo ocurrido: “Nunca piensas que te podría pasar a ti […] me arrebataron a mis padres de esa manera”.
La joven agregó que no pudo despedirse de su padre antes de la deportación: Ni siquiera sabía que tenían la cita y ni siquiera me despedí de mi papá esa mañana. No pude despedirme de ellos”.
Stephanie González, por su parte, denunció el trato recibido por sus padres, asegurando que fueron esposados de manos y pies: “Los esposaron por las muñecas y los tobillos y los trataron como delincuentes antes de llegar a estos centros de detención”.
Según indicó el medio citado, Gladys y Nelson González, de 55 y 59 años, respectivamente, cada año cumplían con las exigencias migratorias sin esconderse ni infringir la ley, por lo que la detención fue inesperada.
“Lo único que dijeron fue que extendieron su estadía, a pesar de que todos los años han tenido permiso para estar aquí y son ciudadanos respetuosos de la ley que se presentan y cumplen con su deber de presentarse ante inmigración y decir: ‘Oigan, estoy aquí. No me estoy escondiendo ni haciendo nada malo’. Y luego, simplemente, los arrestaron”, dijo Stephanie González a Carlos Saucedo, de KTLA.
Los dos colombianos fueron trasladados inicialmente al centro de detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino, y luego llevados a una instalación en Arizona. Su familia cree que su caso se suma a los miles de inmigrantes afectados por las políticas de deportación en Estados Unidos.
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