Lo que se proyectó como una gran oportunidad para que las víctimas del conflicto armado tuvieran una representación, con voz y voto, en el seno de la Cámara de Representantes, se está convirtiendo en una demostración de las incapacidades del Estado colombiano y los candidatos ven cómo su participación carece de garantías.
El proceso ha estado lleno de obstáculos y se remontan, incluso, al momento mismo en el que se definieron los requisitos que debían cumplir los miembros de las organizaciones de víctimas, campesinos o sociales de las 16 zonas más afectadas por el conflicto.
De hecho, en su momento, la Misión de Observación Electoral (MOE) calificó de excesivas e inconstitucionales las condiciones a las que se debían acoger las víctimas para aspirar a las curules, porque suponían restricciones que desestimulaban la participación.
Con toda la tramitología superada, en la circunscripción especial del sur del Tolima, que corresponde a Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, finalmente se inscribieron 22 personas, agrupadas en 11 listas conformadas por un hombre y una mujer.
Ya entrados en la dinámica de la campaña, tal y como ha ocurrido en otras regiones del país, los aspirantes del Tolima han enfrentado toda suerte de inconvenientes, relacionados con la normatividad de estas elecciones, la intromisión indeseable de sectores políticos tradicionales y factores de riesgo asociados a la violencia.
Uno de los mayores atascos tiene que ver con la financiación. La norma dice que el Estado garantizará los recursos para que los candidatos pudieran desarrollar su campaña, pero lo cierto es que la mayoría de ellos no ha visto un solo peso de ese dinero.
La razón es que los aspirantes tienen que pagar una póliza de varios millones para que les entreguen el 50% de anticipos de la reposición de votos, pero son muy pocos los que tienen la capacidad económica para desembolsar los recursos que cuesta el seguro exigido.
Dicho de otro modo: si los candidatos tienen limitaciones financieras para poder desarrollar algunas actividades cotidianas, como transportarse desde un municipio a otro, cómo se pretende que asuman el pago de un monto que supera sus posibilidades.
“Eso no tiene ningún sentido. Nosotros no contamos con un presupuesto para campañas. Nos dicen que tenemos que comprar una póliza para que nos den anticipos y, para colmo, muchas empresas ni siquiera están vendiendo esas pólizas”, dijo Nancy Arias, candidata de la Asociación de Desplazados del Sur del Tolima.
Pedagogía y publicidad, otros líos
Las víctimas han tenido que sobrellevar desde hace mucho tiempo dificultades como estas, quizás por eso, para Nancy Arias, el asunto más complejo radica en la falta de pedagogía electoral por parte de la Registraduría entre las comunidades rurales.
La norma señala que en estas elecciones de circunscripciones de paz solo podrán votar los habitantes de zonas rurales, apartadas y centros poblados dispersos, donde la ciudadanía no está familiarizada con los detalles de este proceso electoral.
La mayoría de las personas, según contó Arias, no conocen el propósito de participar en la elección de la curul de paz, no entienden el diseño del tarjetón y confunden este proceso con las votaciones ordinarias a la Cámara de Representantes. A su modo de ver, como están las cosas hoy, la abstención en estas elecciones va a ser alta.
Adicional a eso, como los cascos urbanos quedaron excluidos de estas votaciones, las víctimas de desplazamiento forzado —como la propia Nancy Arias—, y, en general las personas que abandonaron sus tierras para salvaguardar su vida, no van a poder participar.
Arias también se quejó de las limitaciones en materia de publicidad. Le parece un absurdo que esté prohibida la contratación de cuñas en emisoras, cuando la población rural se informa especialmente a través de la radio. También considera ilógico que se restrinja la instalación de vallas en las cabeceras municipales, “como si la gente de la parte rural no bajara a los pueblos a mercar o hacer sus diligencias”.
“Las limitaciones que el Estado nos ha colocado son muy grandes. Los genios de Bogotá no nos permitieron que hiciéramos nuestras campañas por medio de las emisoras, que es lo que escucha la gente del campo para estar enterada de lo que sucede”, cuestionó.
Políticos tradicionales entrometidos
Los partidos y movimientos políticos que cuentan con representación en el Congreso o con personería jurídica, incluido Comunes, integrado por los excombatientes de las Farc, no pudieron inscribir listas ni candidatos para estas circunscripciones, pero, en todo caso, los grupo políticos tradicionales estarían teniendo injerencia en el proceso.
Un candidato consultado, que pidió mantener en reserva su nombre, dijo que los grupos políticos del exgobernador Óscar Barreto (Conservador) y el representante Jaime Yepes (La U) están financiando dos listas a la curul de paz. Es más, según esa fuente, los aspirantes dicen abiertamente en reuniones que cuentan con el apoyo de esos dirigentes.
Además, en un foro organizado esta semana por la Secretaría del Interior en Chaparral para socializar el objetivo de la curul de paz, Julián Enrique Gómez, aspirante de la Fundación Mil Jóvenes por el Progreso de un Pueblo, aseguró -sin dar nombres- que los clanes están interviniendo tras bambalinas en el proceso.
En concreto, Gómez sostuvo que ante la falta de financiación estatal, algunos candidatos aceptaron los aportes de recursos de sectores políticos tradicionales, restándole legitimidad a las elecciones. “Los clanes políticos tradicionales se quieren adueñar de esta curul, que es de las víctimas del conflicto, los campesinos y los que estamos trabajando por ella”, dijo.
“Los partidos políticos tradicionales nos ponen en una gran desventaja porque por debajo de la mesa les están pasando mil o dos mil millones de pesos y están yendo a reuniones, quitan los afiches de uno, ponen los de otros (…), ahí es donde está el punto de respetar la independencia de las curules, porque es muy difícil como ciudadano ir a pelear contra una maquinaria política, (…), ellos ni siquiera han salido a hacer campaña porque están esperando el último día para comprar los votos”, aseguró.
Riesgo de violencia
A finales de enero, se conoció que 11 de los 22 candidatos a la curul de paz del Tolima han sido víctimas de amenazas, lo que dejó en evidencia que el proceso electoral se está desarrollando en medio de un escenario de violencia y conflictividad. Tras un llamado de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, la Gobernación convocó a un consejo de seguridad extraordinario en el que las autoridades anunciaron investigaciones.
Por cuenta de un homicidio y amenazas a actores políticos, funcionarios públicos y líderes sociales, la MOE alertó hace pocos días que en Chaparral, Planadas y Rioblanco existe riesgo de violencia, mientras que la Defensoría, en ese mismo sentido, advirtió un riesgo extremo de vulneración de derechos a la población en los cuatro municipios del sur, por la incidencia de grupos armados ilegales.
Vale mencionar que la Fiscalía también advirtió que en 12 poblaciones del Tolima, incluidas las del sur, existe riesgo electoral por confluencia de factores como delitos electorales y presencia de organizaciones al margen de la ley.
“Es la primera vez que podemos participar las voces del campo, que hemos estado en el territorio, que vivimos el conflicto, que hemos soportado las injusticias de la institucionalidad, pero con tantas trabas es muy difícil” Nancy Arias, candidata a la curul de paz.
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