
La integración empresarial entre Tigo y Movistar, anunciada en diciembre de 2024, sigue en etapa de evaluación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) identificó que la información presentada por ambas compañías no era completa, lo que impide iniciar el análisis formal del trámite.
(Vea también: ¿Qué derechos tienen trabajadores de Tigo-UNE por despido colectivo? Plata que les darían)
De acuerdo con la entidad, el pasado 24 de diciembre se solicitó a las empresas información adicional, incluyendo detalles específicos de la operación propuesta y los mercados relevantes. Este requerimiento se enmarca en el artículo 2.3 de la Resolución 2351 de 2021.
Por ese motivo, la SIC determinó que las dos empresas cuentan con un plazo máximo de dos meses, a partir de la fecha del requerimiento, para entregar los datos solicitados. Si no cumplen con este término, se entenderá que desisten del proceso.
Una vez se reciba y verifique la documentación, la Superintendencia dará inicio formal al trámite de autorización de la integración. La SIC aseguró que analizará la solicitud con “total transparencia y rigor”, buscando garantizar la libre competencia en el mercado.




Ese pedido de integración se da en el momento en que Tigo-Une pidió la autorización del Ministerio del Trabajo para llevar a cabo el despido colectivo de un grupo de trabajadores.
Esa determinación se dio cuando a finales de 2023, Tigo consiguió una capitalización de sus principales accionistas por $ 600.000 millones para su salvamento, aduciendo que un año atrás mantenía una compleja situación financiera que ponía en riesgo el futuro de la empresa.
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