
Si bien, la reforma pensional ya se encuentra aprobada por el Congreso, aún falta la decisión de la Corte Constitucional sobre el articulado. En este sentido, uno de los beneficios que busca la iniciativa tiene que ver con la pensión anticipada para algunas comunidades.
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Se trata del artículo 93 que establece menos semanas cotizadas y edad de pensión para indígenas, campesinos, población negra y palenquera. Esto teniendo en cuenta una menor expectativa de vida.
“En efecto, la menor esperanza de vida, las barreras para acceder al mercado laboral, el desempleo y la informalidad laboral son circunstancias que, además de obstaculizar la integración laboral de estos grupos poblacionales en igualdad de condiciones, impactan directa y negativamente su acceso a las prestaciones previstas en el Sistema General de Pensiones para la protección de la vejez”, son los argumentos del Gobierno Nacional para impulsar la medida.
Sin embargo, este punto tiene varios reclamos, donde el principal es la duda sobre si esto implica la creación de un régimen especial. Frente a esto el Gobierno negó esa posibilidad y afirma que se trata de una forma de cumplir la constitución.




“Si bien los campesinos no son considerados como una minoría étnica y cultural, ciertamente han sido una población económicamente marginada y gravemente afectada por la violencia y el conflicto armado interno”, agregó el Ministerio de Hacienda en su llamado a la alta corte.
Por qué piden a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional
En agosto, la senadora Paloma Valencia presentó una demanda alegando falta de discusión del proyecto de ley en su debate en el Senado. Además, piden tumbar, justamente, el artículo 93 por qué en un inicia había sido eliminado.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (ANIF), José Ignacio López, afirma que con la implementación de mencionado beneficio se podría crear un hueco fiscal.
“Si uno entiende esta población en un sentido amplio, estaríamos hablando que este artículo impactaría al 41 % de la población colombiana, es decir, esto es una reforma pensional dentro de la reforma pensional. Y claramente al dejarnos la discreción del Gobierno, pues puede abrir un boquete enorme en las finanzas públicas”, indicó Lopéz, según recogió Blu Radio.
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