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La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el represamiento de más de 11.000 solicitudes de pensión de invalidez para personas en condición de discapacidad.
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Según la entidad, a diciembre de 2023, 11.417 casos se encuentran a la espera de una valoración final para acceder a esta pensión, sin recibir aún una decisión por parte de las autoridades competentes.
“Resulta reprochable para el ente de control, que los usuarios tengan que esperar entre 4, 6 y hasta más de 12 meses sin recibir respuesta a su proceso de calificación, vulnerando derechos de esta población”, señala el comunicado de la Procuraduría.
Ante esta situación, Claudia Hernández, Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para mejorar la calidad en la prestación del servicio. Asimismo, solicitó a las Salas de Descongestión de la Junta Nacional de Invalidez agilizar los trámites de solicitudes de calificación.
La Procuraduría anunció que, en aras de velar por la garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, realizará mesas de seguimiento con el propósito de lograr la descongestión efectiva del alto represamiento y garantizar resultados óptimos para la población en condición de discapacidad.
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