El pasado 12 de mayo la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la cadena de tiendas Justo & Bueno. Sin embargo, el juez dio la oportunidad para que se presentara una nueva oferta de salvación, ante el incumplimiento del fondo chino que prometió invertir en la empresa.
Es así que apareció la empresa Lobbying & Consulting, encabezada por Alfonso Giraldo, y Deloitte. Su propuesta significó un auténtico salvavidas para Justo & Bueno. A grandes rasgos, pretenden inyectar recursos para saldar las deudas de la cadena, conservar los empleos y reabrir las puertas de cada tienda en el país, pues muchas han tenido que cerrar.
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Propuesta para salvar a Justo & Bueno
Giraldo, dueño de Lobbying & Consulting, señaló a través de un comunicado difundido por W Radio que la oferta de aporte de capital está lista y será presentada ante la Superintendencia de Sociedades en el momento que esta lo determine.
“Dando continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando en procura de lograr el salvamento de Mercaderías SAS Justo & Bueno, es grato comunicar que, en nombre de los acreedores que representamos y con el acompañamiento y asesoría permanentes de la firma Deloitte, ratificamos la intención de presentar oferta de capitalización y aporte de nuevo capital para el salvamento de la compañía Mercadería SAS, acogiéndonos integralmente a lo establecido en el Decreto 560 de 2020”, reza el documento.
En la comunicación, los inversionistas advierten que estarían aportando el capital que se requiere para cancelar la totalidad de las obligaciones con la Dian, los municipios, así como todo lo que la empresa ha reconocido como deuda a empleados, con ocasión de los contratos de trabajo y las demás obligaciones cuyo pago corresponda en los términos del Decreto 560 de 2020.
En tal sentido, sería pagado todo lo que adeuda la cadena de supermercados desde el 18 de enero de 2022 a la fecha en la que se tome una decisión definitiva. En ese monto están incluidos a los cánones de arrendamiento y los servicios públicos, entre otros, que representan alrededor de 300.000 millones de pesos.
Del mismo modo, explican que para surtir los supermercados y ponerlos en completa operación hay un acuerdo con los proveedores —que reclaman millonarias deudas—, previa autorización de la Superintendencia de Sociedades.
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