En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca actualizar los impuestos a cigarrillos y productos de tabaco, incluyendo un gravamen específico para productos alternativos libres de combustión, como cigarrillos electrónicos y vapeadores.
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Paralelamente, el proyecto de ley 228 de 2024 propone establecer un impuesto de $ 11.175 por cajetilla de productos de tabaco calentado, $ 2.000 por mililitro de solución líquida para vapeadores y un adicional del 30 % sobre el precio de venta al público, incluyendo los dispositivos electrónicos. Este último también plantea triplicar el impuesto a los cigarrillos tradicionales, pasando de $ 3.725 a $ 11.175 por cajetilla.
En este contexto, José David Riveros, representante de Alterpro, agrupación empresarial que tiene como objetivo velar por los intereses de una categoría de productos alternativos, habló con Pulzo e hizo un llamado para que el debate sobre esta iniciativa sea plural, democrático y basado en evidencia científica.
Según Riveros, las empresas del sector no se oponen a la creación de este gravamen, siempre que se diseñe con una base académica y científica sólida. En diálogo con este medio de comunicación enfatizó que el debate debe centrarse en dos aspectos clave: el impacto del impuesto en el crecimiento del mercado ilegal y el punto de quiebre en el que la carga tributaria, que podría alcanzar el 70 %, incentive el comercio ilícito en detrimento del mercado legal.
Alterpro advierte lío con impuestos a vapeadores y otros productos
Como ejemplo, Riveros citó el caso de Portugal, donde un aumento en los impuestos a productos alternativos disparó el mercado ilegal, obligando al gobierno a reducir los tributos un año después para recuperar el control del mercado legal.
“Se necesita una discusión seria, académica y con expertos, sobre las implicaciones de un impuesto tan alto o desproporcionado frente al aumento de un mercado ilegal”, afirmó.
Riveros destacó que el debate en el Congreso debe ser, por esencia, plural y democrático, garantizando que todas las voces sean escuchadas: las empresas que producen estos productos, la academia, expertos en economía, voces críticas de la industria y otros actores relevantes.
“Excluir a cualquiera de estas partes es, en mi concepto, una interpretación absolutamente inconstitucional”, aseguró, enfatizando en el rechazo de organizaciones civiles Fundación Anáas y Red PaPaz a que las empresas tabacaleras estén presentes en la mesa técnica convocada en el Congreso.
El representante de Alterpro también respondió a las preocupaciones de esas organizaciones sobre la influencia de la industria en las decisiones públicas. Sin embargo, aclaró que esto no implica que las empresas deban ser excluidas del diálogo. “La transparencia es un requisito, pero no escuchar a la industria sería violar el derecho constitucional a la participación democrática”, sostuvo.
Riveros elogió los esfuerzos del Congreso por fomentar un proceso inclusivo, destacando la reciente creación de una mesa técnica para incluir a actores que inicialmente no participaron en las discusiones. Aunque en esta última mesa no hubo representantes de la industria de productos alternativos, el proceso general ha permitido la participación de diversas perspectivas, lo que Riveros considera un paso en la dirección correcta. “El Congreso ha hecho una buena labor al oír las distintas voces. Insisto, cualquier interpretación que busque excluir es inconstitucional y contraria a los principios democráticos”, afirmó.
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