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Este artículo fue curado por Andrea Castillo   May 10, 2025 - 7:43 am
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Mediante la Resolución 0194 de 2025, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro y a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estableció nuevos lineamientos y parámetros que deberán adoptar las empresas constructoras interesadas en desarrollar proyectos de vivienda, ya sea en conjuntos residenciales o en edificios multifamiliares.

La resolución introduce criterios orientados hacia la construcción sostenible, con énfasis en la implementación de guías para el ahorro de energía y agua. Estas medidas buscan generar un impacto positivo en las finanzas de los futuros residentes, al reducir los costos asociados a los servicios públicos domiciliarios.

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Entre los lineamientos principales, se establece la obligatoriedad de incorporar porcentajes mínimos de ahorro en el consumo de agua y energía. Estos estándares deberán reflejarse tanto en el diseño como en la ejecución de los proyectos, y estarán basados en una línea referencial previamente definida.

La finalidad es contribuir con la mitigación del impacto ambiental de las edificaciones, promoviendo construcciones más eficientes y responsables con el entorno.

Uno de los objetivos centrales de esta normativa es avanzar en la equidad climática mediante el desarrollo de viviendas que respondan a las condiciones ambientales del país, y que ofrezcan beneficios concretos a quienes las habiten. Para ello, se requiere que los proyectos integren estrategias técnicas y pasivas que optimicen el uso de los recursos naturales disponibles.

¿Cuáles serán los proyectos a los que les aplicará esta medida?

En cuanto al alcance de la medida, la resolución tendrá aplicación obligatoria en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). En estos casos, se deberán cumplir metas mínimas de eficiencia hídrica y energética, definidas según una aplicación gradual basada en variables relacionadas con la ubicación geográfica del proyecto, el tipo de municipio y la zona climática correspondiente.

El documento emitido por el Ministerio de Vivienda también indica que se debe ampliar el catálogo de estrategias de sostenibilidad que resulten costo-eficientes. Estas estrategias deberán garantizar reducciones mínimas en el consumo de energía, estimadas entre un 5 % y un 20 %, y de agua, entre un 15 % y un 30 %. Los porcentajes específicos variarán según la subtipología del proyecto y las condiciones climáticas de la región donde se construya.

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Adicionalmente, los desarrollos habitacionales deberán incorporar mecanismos de seguimiento y control que permitan verificar el cumplimiento de las metas de ahorro establecidas. Estas herramientas de monitoreo serán fundamentales para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas y facilitarán la evaluación periódica de los resultados obtenidos.

La ministra encargada de Vivienda, Ciudad y Territorio, Aydeé Marsiglia Bello, destacó que entre las medidas pasivas, es decir, aquellas que se integran al diseño arquitectónico con el fin de aprovechar las condiciones ambientales del entorno, se incluyen factores como el clima, la localización, el paisaje, la orientación, la forma del edificio, la protección solar, la selección de materiales, la masa térmica, el aislamiento, el diseño interior y la ubicación estratégica de aperturas para optimizar la entrada de luz natural, la ventilación y el acceso solar.

En el ámbito de la eficiencia energética, se prestará especial atención al diseño y características de las ventanas, incorporando elementos de protección solar. Esto implica considerar propiedades técnicas del vidrio, como el valor U (coeficiente de transferencia térmica), el coeficiente de ganancia de calor, la reflectividad en muros y cubiertas, así como estrategias como la inercia térmica o la ventilación nocturna (night flush).

Respecto al uso eficiente del agua, se promoverá la recolección de aguas lluvias, destinadas al riego de jardines y al mantenimiento de zonas comunes. Esta disposición forma parte de un conjunto de acciones orientadas a reducir el uso de agua potable en actividades cotidianas, contribuyendo así a una gestión más sostenible del recurso hídrico.

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