Dicha restricción la impuso el gobierno de Estados Unidos al incluir a los ciudadanos venezolanos en una lista de posibles infractores a la ley de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, informó El Economista.
El superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU), Juan Pedro Cantera, explicó días atrás en el Parlamento que, cuando Venezuela adquiere bienes y servicios, canaliza los pagos, en parte por el Bandes Venezuela y en parte a través de Bandes Uruguay.
En ese contexto, explicó que hay un número importante de personas jurídicas públicas y personas jurídicas no estatales que se relacionan en ese negocio.
“Dentro de los depósitos del sector no financiero no residente hay depósitos que son de una suma importante de entidades públicas venezolanas, no sólo del gobierno central, sino de empresas venezolanas, gobernaciones y distintas entidades públicas que necesitan relacionarse con el exterior y lo hacen a través de banco Bandes Venezuela y el negocio lo transfiere a través de un negocio en el exterior que es el banco Bandes Uruguay”, dijo Cantera al diario El País de Uruguay.
El funcionario reconoció que el Banco Central del Uruguay (BCU) objetó a varias personas que el gobierno venezolano había propuesto para ser directivos del Bandes Uruguay.
“En particular, el señor Simón Zerpa, expresidente de Bandes Venezuela y Bandes Uruguay, obtuvo la no objeción de la Superintendencia para ser designado por parte del Banco como director y presidente de la institución, pero cuando el gobierno de Estados Unidos emitió la lista en la cual se lo incluía, trasmitimos al banco que no estaría cumpliendo con los requisitos que exigía nuestra normativa, aseguró Cantera.
El banco no tomó en cuenta esta advertencia y en enero de 2018, la Superintendencia decidió instruir al banco a remover a su presidente. El banco, en primera instancia, recurrió la decisión, pero luego, la acató.
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