"La menor afectación": Mintrabajo, sobre colaboradores de Tigo-UNE que serían despedidos

El 7 de enero de 2025, la Dirección Territorial Antioquia del Ministerio del Trabajo recibió una solicitud de autorización de despido colectivo de acuerdo con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990, presentada por parte de los representantes de la empresa UNE EPM Telecomunicaciones S.A, exponiendo como fundamento de la petición razones técnicas y económicas.

A partir de ese momento, se da inicio al proceso administrativo en el que inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos legales de la solicitud y en caso de reunirse los mismos, se continuará con las distintas etapas que involucran el decreto y práctica de las pruebas a través de las cuales la autoridad competente, y se hace a un criterio suficientemente informado que le permite tomar la decisión que corresponda.

Todo lo anterior, en el marco del debido proceso que debe garantizarse a todos los interesados.

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El Ministerio de Trabajo aseguró que el trámite se culmina con un acto administrativo a través del cual se determina si se autoriza o no el despido colectivo, de forma debidamente motivada.

“Dentro del procedimiento se deberá garantizar en todo momento el respeto de los derechos de las personas que trabajan al servicio del empleador que impulsó la solicitud, lo cual se materializa en la comunicación simultánea que debe hacerse de la petición a los trabajadores/as eventualmente afectados/as”, destacó la cartera.

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En suma, la empresa también deberá detallar las cauciones que garanticen el pago de acreencias laborales y la participación de las organizaciones sindicales y terceros interesados en el trámite administrativo.

Hay que decir que la compañía UNE EPM Telecomunicaciones S.A. cuenta actualmente con 745 trabajadores y está solicitando el despido colectivo de 81 de ellos.

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“El papel del Ministerio en estos casos es ser garante los derechos laborales, y en estas situaciones es importante activar los escenarios de diálogo social para la resolución de los conflictos laborales, que puedan permitir una solución más armónica a partir de acuerdos que generen la menor afectación posible, tanto para los trabajadores, como para la empresa”, concluyó el Ministerio de Trabajo de Colombia.