Presos abrieron hueco en la pared y se fugaron de estación de Policía; los están buscando

En la madrugada de este viernes 10 de marzo, un policía que prestaba el servicio de centinela en la estación de policía de Girardota (Antioquia) advirtió un ruido y movimiento irregular en la celda donde estaban 60 personas privadas de su libertad. Al inspeccionar el lugar encontró un boquete en la pared por el que se habían acabado de fugar ocho detenidos.

Inmediatamente adelantaron un plan candado en el municipio con el que lograron recapturar inmediatamente a tres de los fugados, gracias a la información que suministraron los vecinos del sector. Sin embargo, todavía siguen en la búsqueda de los otros evadidos que son cinco, quienes según el coronel Henry Bello, comandante operativo de la Policía Metropolitana, tenían entre nueve y once meses detenidos en dicha estación por delitos como hurto calificado, lesiones personales y extorsión, incluso entre los fugados hay personas condenadas, aunque el comandante operativo no aclaró cuántos ni cuáles son sus identidades.

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El coronel Bello negó que hubiera negligencia por parte de los funcionarios de la policía y responsabilizó al insostenible hacinamiento tanto de esta como de todas las estaciones de policía del Valle de Aburrá las cuales, recordó, no están diseñadas para albergar detenidos durante tanto tiempo y mucho menos en condiciones de hacinamiento tal como ocurre actualmente en el área metropolitana. El coronel Bello señaló que el hacinamiento en las 27 estaciones es del 240 %.

Precisamente, tras la radicación ante el Concejo parte de la Alcaldía de Medellín del proyecto de acuerdo para solicitar vigencias futuras para construir la cárcel metropolitana, los concejales rechazaron la inacción del resto de municipios del Valle de Aburrá para fijar compromisos de financiación de una cárcel que está dirigida a mitigar la problemática carcelaria de los 10 municipios.

Sin embargo, salvo Medellín, ningún otro asumió responsabilidades en dicho proyecto, a pesar de que así lo indica el fallo de la Corte Suprema de 2019.

Lo que ha dicho la Alcaldía es que le cobrará a cada municipio por cada sindicado que ingrese a la cárcel que planea construir y que, según la administración de Daniel Quintero, estará lista para operar en 2026.