Petro niega corrupción en trámite de reforma pensional, pero sacan a la luz posible jugada

Desde su visita oficial a China, el presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a las recientes acusaciones de corrupción relacionadas con el trámite de la reforma pensional, uno de los proyectos clave de su administración.

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La controversia se desató luego de las declaraciones de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, ante la Fiscalía, en las que afirmó que se habrían entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name.

Según Ortiz, el dinero tenía como propósito facilitar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional y asegurar el respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno, incluida la reforma pensional.

Petro niega irregularidades en aprobación de reforma pensional

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario rechazó rotundamente cualquier irregularidad en el proceso de aprobación de la reforma y denunció lo que considera una estrategia para frenar el proyecto por medios políticos.

“¿Quieren hundir la reforma pensional con mentiras?”, se preguntó Petro, añadiendo que sería “indigno para el país” que una iniciativa orientada a la justicia social fuese bloqueada por versiones sin sustento legal.

Petro subrayó que el proyecto fue tramitado cumpliendo todos los requisitos legales, y negó que se hayan hecho pagos indebidos para asegurar su aprobación. Contrario a las acusaciones, aseguró que la reforma fue obstaculizada durante meses en el Senado, y señaló que la mayoría de los 20 congresistas hoy investigados votaron en contra o se abstuvieron en los debates sobre la propuesta.

Además, advirtió sobre una supuesta intención de llevar la reforma ante la Corte Constitucional con el argumento de que fue producto de sobornos, después de que —según él— ha quedado claro que el proceso legislativo fue legítimo.

¿Por qué Iván Name habría atrasado debate si le habían pagado?

La Corte Constitucional, por su parte, está revisando actualmente la legalidad de la reforma pensional en medio de una investigación más amplia que involucra a exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se sospecha que estos habrían desviado fondos públicos para garantizar el apoyo político a proyectos prioritarios del Ejecutivo, según reveló la revista Semana.

En el Congreso, el trámite de la reforma también ha estado marcado por tensiones. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, Iván Name habría ralentizado el avance del proyecto a finales de 2023 debido a la filtración de información sobre el presunto soborno. Sin embargo, tras supuestos acuerdos con el entonces ministro del Interior, el proyecto fue nuevamente incluido en la agenda legislativa en febrero de 2024.

Durante las últimas semanas del debate, Name delegó la presidencia de varias sesiones del Senado a la vicepresidenta María José Pizarro, del Pacto Histórico. No obstante, él mismo dirigió ocho de las trece sesiones en las que se discutió la reforma. Finalmente, el texto fue aprobado el 23 de abril de 2024, durante una plenaria presidida por Pizarro.

El futuro de la reforma pensional por demandas en Corte Constitucional

Las declaraciones de Sandra Ortiz y el escándalo asociado han causado una fuerte presión sobre la Corte Constitucional, cuyo pronunciamiento será decisivo para el futuro del sistema pensional colombiano.

El Gobierno sostiene que el proyecto busca garantizar una mayor equidad en la distribución de pensiones, mientras que la oposición lo ha criticado por su viabilidad financiera y ahora por las posibles irregularidades en su trámite.

Para el presidente Petro, el proyecto representa una pieza fundamental de su agenda de justicia social y rechaza que se le vincule con actos de corrupción. “El país merece justicia social”, reiteró, asegurando que su gobierno no tolerará actos ilegales y que quienes busquen frenar el avance de la reforma mediante acusaciones infundadas están atentando contra los intereses de millones de colombianos.