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Así lo consideró la juez que ratificó la medida de aseguramiento que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia cumple en La Picota.
El juzgado 44 de conocimiento argumentó que podría existir algún tipo de intervención en el proceso penal del cartel de la toga que hoy tiene a Ricaurte recluido. Además puede “entorpecer las investigaciones, e incluso manipular testigos relacionados con la investigación”, explicó la juez 44.
La defensa del exmagistrado esperaba que si la apelación de la medida de aseguramiento era negada, se le otorgara el beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, esa petición también fue rechazada por la juez porque “no se cumplen las condiciones jurídicas necesarias para tal fin, ya que bajo detención domiciliaria Francisco Ricaurte también podría interferir en el proceso”.
Así mismo, el juzgado aseguró que Ricaurte es un “peligro para la sociedad”, y que además de “la gravedad de los hechos” por los que es acusado, se debe tener en cuenta “la continuación de la actividad delictiva, el número de delitos imputados y la naturaleza de los mismos”.
La Fiscalía reiteró que las pruebas de la investigación dejan a Ricaurte como integrante de “una empresa criminal” para amañar procesos judiciales y por eso la medida privativa de la libertad es “necesaria, razonable y proporcional”.
Ricaurte permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá desde el pasado 22 de septiembre, y enfrenta un proceso por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.
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