Liberan al ganadero “Beto” Osorio tras 75 días de secuestro: ¿avance contra el crimen en el Cesar?

La liberación de un reconocido ganadero tras 75 días secuestrado reabre el debate sobre la seguridad rural.

La liberación de Adalberto “Beto” Osorio Mantilla, un reconocido ganadero de 87 años, tras 75 días de cautiverio en el departamento del Cesar, Colombia, constituye un hito relevante en la lucha contra el secuestro en esta región. Osorio fue secuestrado el 30 de junio mientras se desplazaba hacia su finca en Río de Oro, interceptado por hombres armados presuntamente vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero que mantiene presencia en áreas rurales de Colombia, lo que refleja la persistencia de dinámicas criminales históricas en la zona. Este hecho, ampliamente cubierto por medios regionales como El Pilón, ha puesto en el centro del debate tanto la seguridad en el campo como la vulnerabilidad de quienes trabajan la tierra.

La operación que permitió recuperar la libertad del ganadero se desarrolló en la zona rural ubicada entre Ocaña y el Catatumbo, en el departamento vecino de Norte de Santander, un territorio estratégico donde convergen diferentes actores armados ilegales. Según informó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, el éxito de la liberación obedeció a la colaboración estrecha entre la Gobernación del Cesar, la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio de Defensa, reforzada por la aplicación de protocolos de búsqueda y una recompensa de hasta 30 millones de pesos ofrecida para identificar a los responsables, acorde a lo reportado por El Pilón.

El secuestro de Osorio y otros similares exponen el riesgo al que se enfrentan los ganaderos y productores rurales en una región caracterizada por su largo historial de violencia armada. El Cesar ha sido escenario de secuestros, extorsiones e intimidaciones, perpetrados especialmente por el ELN, disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y bandas criminales surgidas tras el conflicto. Sin embargo, datos proporcionados por el Gaula —unidad especializada de la Policía en el combate a delitos como el secuestro— y el Ministerio de Defensa, muestran que el número de casos ha ido reduciéndose sustancialmente; en 2025 solo se reportaba un caso vigente, el de Yenni Salazar Zabaleta, expersonera de Tamalameque.

Este descenso responde a la consolidación de estrategias policiales y judiciales, así como a una mejor articulación entre las instituciones y la sociedad rural. Sin embargo, informes del Observatorio de Conflicto Armado y Derechos Humanos en Colombia ponen en evidencia que el delito ha cambiado de naturaleza: ahora es menos frecuente pero más dirigido, afectando sobre todo a líderes locales y sectores productivos del campo.

La familia Osorio, acompañada durante el proceso por especialistas en atención psicológica, comprobó la importancia de recibir soporte emocional en este tipo de circunstancias, como lo señala el Centro de Estudios en Victimología de la Universidad de los Andes. Asimismo, el acompañamiento de la Gobernación fue clave para mantener el bienestar familiar durante el cautiverio, especialmente en contacto con el hijo de Osorio, médico en Aguachica. En estos procesos, los medios de comunicación responsables, que verifican y contrastan sus fuentes, cumplen un papel esencial en mantener la atención social y prevenir la desinformación, según destaca la Fundación Gabo.

En conclusión, la liberación de “Beto” Osorio invita a valorar el efecto de la cooperación entre instituciones y comunidades rurales, así como la necesidad de continuar fortaleciendo la presencia estatal, el desarrollo rural y los mecanismos de protección a quienes lideran actividades agrarias en zonas de alto riesgo. Esta experiencia resalta desafíos persistentes que demandan enfoque y acción sostenida para que el secuestro deje de ser una amenaza al tejido rural colombiano.

¿Por qué el secuestro sigue siendo una amenaza en regiones rurales de Colombia? La pregunta surge de la persistencia de casos como el de Osorio, aun cuando las cifras muestran una reducción notable en la incidencia del delito. Según el Ministerio de Defensa y análisis del Observatorio de Conflicto Armado y Derechos Humanos, la existencia de grupos armados ilegales y la limitada presencia estatal en zonas apartadas permiten que el secuestro, aunque más selectivo y menos masivo, siga representando un riesgo considerable para líderes comunitarios y productores rurales. Comprender este contexto es fundamental para dimensionar por qué los esfuerzos institucionales deben enfocarse en el control territorial y la protección de quienes habitan el campo.

¿Qué acciones han sido efectivas para reducir el secuestro en el Cesar? Esta inquietud se relaciona con la tendencia descendente de secuestros en el departamento en los últimos años. Reportes del Gaula y del Ministerio de Defensa señalan que los avances se deben a la mejora en la coordinación entre la fuerza pública, las autoridades locales y las comunidades, así como a campañas preventivas y judicialización de integrantes de bandas criminales. El fortalecimiento institucional y el involucramiento directo de las víctimas y sus familias han permitido establecer redes de apoyo y protocolos que han incrementado la capacidad de respuesta y la confianza en las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.