Gobierno Petro, obligado a tomar decisión por error en solicitud de consulta popular

En la noche de este lunes 26 de mayo, el Ejecutivo volvió a presentar ante el Congreso su propuesta de consulta popular. El trámite, que ya había sido radicado hace una semana, fue repetido por presuntas fallas jurídicas y políticas que ponían en entredicho su validez.

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Según informó El Espectador, esta nueva radicación responde a una serie de errores detectados en la presentación inicial, realizada el 20 de mayo. En aquella ocasión, el documento fue entregado sin la firma del presidente y sin que él estuviera presente, lo que generó dudas entre los congresistas sobre su legitimidad formal y constitucional.

El Gobierno, al advertir las críticas, decidió enmendar el procedimiento. Esta vez, el documento se presentó con la firma del dirigente. Los funcionarios respaldaron con su presencia y declaraciones la nueva versión de la consulta, que busca convocar al pueblo a las urnas para que se pronuncie sobre temas que el Gobierno considera fundamentales para avanzar en su agenda social, especialmente en materia laboral.

¿Qué dice el nuevo texto de consulta popular?

La propuesta, según explicó el propio Petro y como recogió El País América, plantea que el pueblo colombiano sea consultado sobre una reforma laboral de carácter estructural, en defensa de los derechos de los trabajadores. El mandatario aseguró que el objetivo de la consulta es “romper el bloqueo político” que ha impedido avanzar con las reformas sociales y permitir que los ciudadanos decidan directamente.

El texto incluye preguntas orientadas a la dignificación del trabajo, como la recuperación de la jornada laboral diurna, la eliminación de la tercerización y la garantía de estabilidad laboral para los empleados. “Este es un acto de democracia directa. No se trata de evadir al Congreso, sino de complementar la democracia representativa con la participación ciudadana”, explicó el presidente durante la entrega formal del nuevo documento.

Uno de los principales problemas del primer intento, según análisis de juristas citados por Semana, fue que no estaba claro si el documento lo estaba presentando el presidente de la República o sus ministros. Además, la ausencia de Petro generó críticas sobre el verdadero respaldo político a la consulta. El senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, señaló que “un acto de esta naturaleza requiere plena claridad jurídica y política; no puede dejar lugar a vacíos formales”.

Desde la oposición, algunos legisladores denunciaron que el Gobierno estaba utilizando esta consulta como una forma de hacer campaña, disfrazando proselitismo de participación ciudadana. El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, afirmó a RCN Radio que la propuesta “no busca mejorar la vida de los colombianos, sino impulsar al presidente y a su bancada en las próximas elecciones regionales”.

El trámite legislativo que debe seguir la consulta popular es exigente. Como lo explicó La Silla Vacía, el Congreso debe aprobarla por mayoría absoluta en ambas cámaras. Si supera ese paso, deberá ser revisada por la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad y su pertinencia dentro del marco jurídico colombiano. Luego, en caso de aprobación, se convocará al electorado para votar.

La votación popular requerirá que participe al menos el 33% del censo electoral (unos 12 millones de personas), y que la opción mayoritaria obtenga más del 50% de los votos. Es decir, no solo es difícil lograr su aprobación legislativa, sino también su éxito en las urnas.

El Gobierno insiste en que este mecanismo es legítimo y constitucional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que “la consulta es una vía limpia para destrabar reformas bloqueadas por intereses políticos”. Además, el Ejecutivo ha afirmado que no se utilizarán recursos públicos indebidos para promover la iniciativa, respondiendo así a cuestionamientos sobre su financiación.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre consulta popular?

En redes sociales, la consulta ha dividido opiniones. Mientras algunos ven la medida como un acto de empoderamiento ciudadano, otros consideran que es una estrategia del Gobierno para evadir el control del Congreso y generar polarización en un año electoral clave.

Organizaciones sindicales y de trabajadores han expresado su respaldo a la iniciativa. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, dijo a El Tiempo que “los trabajadores necesitan ser escuchados en temas que los afectan directamente y no pueden seguir dependiendo de mayorías legislativas que no los representan”.

Por ahora, el Senado deberá programar los debates iniciales. El pulso por la consulta popular apenas comienza, y su desenlace marcará un punto clave para el proyecto político de Petro en la segunda mitad de su mandato.