Autoridad ambiental le quita otra traba del camino al regreso del glifosato

Aunque esto no supone una reanudación inmediata de las erradicaciones mediante el uso aéreo del cuestionado herbicida, sí es un impedimento menos para su autorización después de que el Gobierno colombiana expidiese un decreto que regula la vuelta de esta práctica suspendida desde 2015, tras una decisión de la Corte Constitucional.

“Es importante mencionar que el PMA ha estado vigente desde 2001 y lo que ha estado suspendido es la actividad de aspersión aérea”, especificó este miércoles el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Suárez.

La ANLA, por solicitud de la Policía Nacional, incluyó en dicho PMA más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado para que, “en caso de que se reanude la actividad, se logre un mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos”.

Ahora solo faltaría que otras autoridades, como el Ministerio de Salud o de Ambiente, también hagan modificaciones de procedimientos y cumplan las condiciones impuestas por la Corte Constitucional para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) pueda dar la luz verde definitiva a la aspersión aérea. Para ello son necesarios los conceptos sobre los riesgos para la salud y para el medioambiente que tienen las fumigaciones aéreas.

De ser reactivadas las fumigaciones aéreas con glifosato, serán excluidas de este programa las áreas ubicadas en Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, páramos, humedales del sistema Ramsar y manglares, así como los cuerpos de agua y los centros poblados. Igualmente habrá consulta previa en caso de que la ejecución del programa de erradicación de cultivos pueda afectar directamente a las comunidades étnicas.

La decisión del Gobierno ha sido duramente criticada tanto por la oposición como por personas expertas y los cultivadores de coca, que alegan que la aspersión aérea va en contra del acuerdo de paz que contemplaba la sustitución voluntaria de cultivos como la forma más eficaz para acabar con los cultivos ilícitos.