A Emilio Tapia, salpicado por caso MinTIC, también lo acusan de meter sus garras en Emcali

El contratista y abogado Emilio Tapia, bien conocido por su participación en el Carrusel de la Contratación de Bogotá, actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, al estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados. En el proyecto, encabezado por el Ministerio de las TIC, se embolataron 70.000 millones de pesos para llevar internet a escuelas rurales de Colombia.

Sin embargo, al corrupto historial de Tapia se le sumará una nueva investigación, según lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas. El foco ahora está puesto en las Empresas Municipales de Cali (Emcali), muy controvertida por los sobrecostos en contratos.

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Emilio Tapia, imputado por escándalo de sobrecostos en Emcali

Una fiscal de la dirección especializada contra la corrupción imputó a Tapia por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. De acuerdo con las pruebas, el procesado, en compañía de otras tres personas, habría “gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante Emcali en 2021″, detalló el ente acusador en sus redes sociales.

Tapia, según la Fiscalía, habría controlado un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino. Estos contratos ascendían a 3.798 y 2.414 millones de pesos, respectivamente.

Uno de los requisitos de los oferentes era que un banco los avalara para garantizar un crédito por el 30 % del valor de cada contrato. Sin embargo, parece que el consorcio de Tapia no cumplía esta condición, por lo que varios documentos habrían sido falsificados. Estos certificados fueron presentados como soporte ante Emcali.

“Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación“, detalló la Fiscalía. Al final, Tapia se quedó con los dos contratos, que juntos acumulaban más de 6.200 millones de pesos.