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La entidad explicó que los contenidos enviados por el Gobierno para promover la marcha del primero de mayo no cumplían con la normativa legal vigente
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) le dio un nuevo golpe al presidente, que viene dando tumbos con su propuesta de someter a votación de los colombianos algunas propuestas de la reforma laboral que ya se habían en el Congreso semanas atrás.
(Vea también: “He llorado”: Petro, nostálgico por muerte del papa Francisco, anunció acción en Colombia)
La entidad expresó que negó la solicitud del Gobierno para emitir contenidos de promoción de la consulta popular en televisión abierta. Según la CRC, el material enviado no cumplía con la normativa que exige que estos espacios se utilicen exclusivamente para informar sobre funciones estatales y promover valores como la educación, la cultura y los derechos humanos.
“Estos espacios deben destinarse exclusivamente a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de funciones propias de las entidades del Estado, así como para promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos, la cultura y, en general, orientados a la divulgación de los fines y principios del Estado”, dijo en el comunicado la CRC.
En su pronunciamiento, que fue compartido a través de su cuenta en X, la CRC aseguró que no ejerce censura ni controla los contenidos emitidos, sino que únicamente revisa que los temas se ajusten a las reglas vigentes, haciendo alusión a las palabras de Gustavo Petro, quien señaló de “censura” el hecho de que la entidad nunca sacara “la cara para impedir la calumnia al presidente”, ni “para impedir el silencio sobre lo autores de la masacre y el genocidio”.
Además, aclaró que si los mensajes se difunden por otros medios distintos a los espacios institucionales, prevalece la libertad de expresión de quien los emite.
El presidente Gustavo Petro denunció un supuesto intento de censura por parte de la CRC, indicando en redes sociales que se estaba limitando la convocatoria a la marcha del primero de mayo. No obstante, la entidad reiteró que su negativa se basó únicamente en el cumplimiento de las disposiciones regulatorias, e incluso sugirió a la Presidencia dividir los contenidos para tramitar de manera separada la invitación a marchar y la socialización de la consulta popular ante el Senado.
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