Colombia, estancada en lucha contra la corrupción: la plata se sigue perdiendo

Transparencia Internacional presentó este martes los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondientes a 2022.  Una calificación por debajo de 50 indica que el país enfrenta serios problemas de corrupción y Colombia no pasó de 39, lo cual deja en evidencia que el país aún no logra avances significativos en la lucha.

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Colombia se ubica en el puesto 91 entre los 180 países evaluados por el IPC. En comparación con el año pasado, la calificación obtenida no tuvo variación, mientras que en el listado global sufrió una caída de 4 puestos (en 2021 se ubicó en el puesto 87 entre 180 países).

Según explicaron, este descenso se explica, en parte, por el caso de cinco países que compartían posición y puntaje con Colombia en 2021 y que mejoraron su desempeño. Desde 2012, la calificación de Colombia ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin lograr cambios estadísticamente significativos.

Lucha contra la corrupción en Colombia se estancó

En un evento llevado a cabo este 31 de enero, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, explicó que el promedio mundial se mantiene sin cambios por undécimo año consecutivo en una puntuación de 43 sobre 100 y más de dos tercios de los países (122) tienen un grave problema de corrupción, con una puntuación inferior a 50. 

A nivel global, los países con mejor desempeño en el IPC 2022 fueron Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87), mientras que Yemen (16), Venezuela (14), Sudán del Sur (13), Siria (13) y Somalia (12) continúan como los países con peor calificación.

En las Américas, el promedio obtenido fue de 43 puntos sobre 100 por cuarto año consecutivo. Los tres países con mejor calificación fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69), mientras que los peores calificados fueron Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19).

“La corrupción debilita la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. El mal uso o robo de fondos públicos puede privar a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los recursos que necesitan. Nuestro análisis muestra que la debilidad de las instituciones policiales y de defensa dificulta que un Estado asegure el control de su territorio y prevenga amenazas violentas, incluido el terrorismo”, detalló Hernández.

El experto concluyó señalado que “esta situación reitera que los distintos tipos de corrupción que se analizan a través del IPC no han sido contrarrestados de manera suficiente: soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y captura del estado, entre otros”.