El caso de Juliana Guerrero y el crédito del Icetex que reaviva las dudas sobre su formación

La joven obtuvo un crédito del Icetex por $11 millones pese a no cursar estudios universitarios. La Fiscalía y la Procuraduría investigan el caso.

El caso de Juliana Guerrero, quien estuvo a punto de ser nombrada viceministra de Juventud, sigue sumando controversias. De acuerdo con información publicada por Semana, se conoció que el Icetex le otorgó un crédito por $11.084.000, pese a que no cursaba estudios universitarios al momento de la aprobación. Este hallazgo se suma a las investigaciones judiciales y disciplinarias que ya enfrenta por presuntas irregularidades en su formación académica.

Según el medio citado, el préstamo figura en los registros financieros de Guerrero y habría sido cancelado, aunque el Icetex no ha entregado información detallada sobre el origen, destino y justificación del crédito.

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Por qué la Fiscalía y la Procuraduría investigan caso de Juliana Guerrero

Cabe resaltar que el 7 de noviembre el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José decidió, de manera unánime, revocar los títulos que había otorgado a Guerrero en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y en Contaduría Pública, tras detectar inconsistencias en su historial académico. La institución informó que mantiene abiertas las investigaciones internas y que interpuso denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría contra los directivos involucrados en la entrega de los títulos.

Además, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha liderado controles políticos sobre el caso. La congresista indicó que el Icfes confirmó que Guerrero no presentó la Prueba Saber Pro, requisito indispensable para obtener un título profesional. Esa revelación impulsó nuevas solicitudes de información a universidades y entidades públicas.

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En paralelo, un tribunal ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar documentos relacionados con los contratos suscritos con Guerrero, entre ellos un convenio por 14.500 millones de pesos con el Ministerio del Interior. La joven habría trabajado en labores de gestión y asistencia técnica con honorarios cercanos a 12 millones mensuales. La orden judicial busca determinar si existieron criterios técnicos que sustentaran su contratación.

Finalmente, la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá adelanta una indagación preliminar contra Guerrero y varios exdirectivos de la Fundación San José por presunta falsedad documental y fraude procesal. La Procuraduría, por su parte, recopila pruebas para evaluar posibles sanciones disciplinarias.