Alias ‘19’ y otros de la 'primera línea', condenados por tortura: tribunal no les dio la razón

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este viernes la sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Sergio Andrés Pastor González, alias ‘19’, Marcela Ivone Rodríguez, Johann Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, todos miembros de la denominada ‘Primera Línea’, por delitos de tortura, concierto para delinquir y disturbios durante el estallido social de 2021.

En el fallo, la Sala Penal del tribunal dejó en firme que los condenados actuaron de manera conjunta para recolectar elementos destinados a atentar contra la Fuerza Pública y participaron en el secuestro de un ciudadano bajo la sospecha de ser agente de la Policía. Según la sentencia, la víctima fue despojada de sus pertenencias, amarrada a un poste, herida con cuchillos, rociada con gasolina y sometida a torturas físicas y psicológicas para obligarla a confesar ser integrante de la Policía y obtener información sobre operativos policiales.

(Vea también: Hallaron cuerpo dentro de una alcantarilla, en el sur de Bogotá; hay primera hipótesis)

“Los acusados, se reitera, recurrieron a actos inhumanos, degradantes y completamente injustificados para imponerle un castigo personal para doblegar su voluntad, disminuir su capacidad física y mental”, se lee en la decisión judicial.

El tribunal ratificó que los hechos no correspondieron a una manifestación legítima, sino a actos de violencia organizada que pusieron en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos y de miembros de la Fuerza Pública. Entre las pruebas valoradas por el tribunal figuran testimonios de testigos, interceptaciones de comunicaciones, registros fotográficos y peritajes en explosivos, los cuales confirmaron la planeación de ataques durante las protestas.

(Vea también: “No pude volver a trabajar”: bogotana da desgarrador testimonio por no pagarle a ‘gota a gota’)

Asimismo, el Tribunal negó cualquier beneficio de sustitución de la medida de aseguramiento, por lo que los cuatro condenados deberán cumplir la pena de 12 años de cárcel de manera efectiva en centro penitenciario.

Este fallo se convierte en un precedente en los procesos judiciales abiertos por los hechos violentos ocurridos durante las protestas de 2021 y reafirma la línea de la justicia de distinguir entre la protesta pacífica y los actos de violencia organizada en el país.