El asesinato de Nilson Andrés de Arco en Soledad alerta sobre el grave riesgo de ser líder social en Colombia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó mediante un comunicado que, en el mes de julio, el líder social Nilson Andrés de Arco fue víctima de un atentado cuando desarrollaba actividades en un espacio comunitario del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Durante este ataque, un hombre armado le disparó, ocasionándole heridas de gravedad por las cuales debió permanecer hospitalizado hasta que finalmente falleció. Este asesinato vuelve a poner el foco sobre la situación de violencia que enfrentan quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país, especialmente en aquellas donde la presencia de grupos armados ilegales se mantiene vigente.

De acuerdo con Indepaz, la actuación de bandas criminales en Soledad se ha traducido en un aumento significativo de los riesgos para la población local. Estas organizaciones delictivas han instaurado una suerte de gobernanza ilegal a través del control territorial, extorsiones, actividades de microtráfico y el lanzamiento constante de amenazas. La Defensoría del Pueblo, en respuesta a este contexto, emitió una solicitud para que las autoridades prioricen acciones coordinadas que permitan proteger tanto a la población civil como a quienes lideran procesos sociales.

El comunicado de Indepaz advierte que la imposición de normas y otras formas de control social implementadas por los grupos armados ilegales representa un riesgo permanente de vulneración de derechos fundamentales. Entre los actores que operan en la zona, destaca el Clan del Golfo, identificado como la mayor estructura criminal del país y también conocido bajo el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), una agrupación que es considerada la heredera de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La creciente violencia en Soledad no es un fenómeno aislado: forma parte de una serie de patrones identificados en distintas zonas del país donde los recursos, el territorio y las rutas de economías ilícitas son objeto de disputa entre múltiples bandos. Tanto Indepaz como la Defensoría del Pueblo han enfatizado la gravedad de la situación, destacando la indefensión en la que se encuentran quienes velan por los derechos humanos y buscan preservar la vida comunitaria ante las amenazas y presiones de quienes ejercen poder de facto en estos escenarios.

Las declaraciones recientes no solo visibilizan la urgencia de salvaguardar a los líderes sociales, sino que también subrayan la necesidad de garantizar la presencia efectiva del Estado en territorios afectados y de diseñar estrategias integrales que respondan a las demandas de protección de las comunidades.

La figura del líder social adquiere una relevancia particular en regiones donde el conflicto armado o la presencia de grupos ilegales limita el acceso a derechos básicos y amenaza el tejido social. Estas personas suelen actuar como portavoces de sus comunidades, promoviendo proyectos de desarrollo y defendiendo los derechos humanos en medio de escenarios de hostilidad.

En el caso de Soledad y otras zonas similares, la acción de los líderes sociales resulta aún más indispensable, ya que posibilita la articulación de respuestas comunitarias frente a la violencia, así como el acceso a instancias estatales o de cooperación internacional para buscar garantías y protección. Sin ellos, la voz de los sectores más vulnerables corre el riesgo de quedar silenciada frente a la imposición de lógicas ilegales y la falta de condiciones seguras para ejercer la participación ciudadana.