Asesinan a líder comunal en el Cauca: la violencia recrudece y las JAC claman protección urgente

La Defensoría del Pueblo de Colombia comunicó el reciente asesinato de Vallejo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Hoyo, ocurrido el martes pasado en ese mismo caserío. El hecho eleva a 166 la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el país durante el año, según reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), lo que representa una alerta crítica sobre la violencia sistemática contra quienes encabezan procesos sociales.

Las autoridades y organizaciones sociales, como la Defensoría del Pueblo, han solicitado a los organismos judiciales y de seguridad el esclarecimiento urgente de este homicidio. Asimismo, la Defensoría hizo un llamado enérgico a los grupos armados ilegales para que excluyan a la población civil de cualquier tipo de hostilidad y detengan las acciones violentas que amenazan la vida y la integridad de los pobladores del Cauca. El entorno de violencia se ha intensificado en esta región debido a la presencia de actores armados irregulares que buscan controlar corredores clave para el narcotráfico.

En junio, la Defensoría ya había advertido sobre el riesgo extremo que enfrentan los líderes sociales y la ciudadanía del sur del Cauca al emitir la Alerta Temprana de Inminencia (ATI). Esta alerta documentó en detalle la grave situación y recomendó medidas urgentes para proteger a quienes representan a las comunidades. Sin embargo, desde su emisión, el riesgo ha alcanzado nuevos corregimientos y, según el organismo, las respuestas por parte de las autoridades han sido insuficientes o nulas en muchos casos.

El asesinato de Vallejo confirma la gravedad de las advertencias de la Defensoría. Su rol como presidente de la JAC refuerza el alarmante panorama: estas organizaciones han sido desde hace más de seis décadas el puente entre las comunidades y el Estado en barrios y zonas rurales. Además de gestionar proyectos comunitarios, defienden derechos fundamentales y promueven la participación ciudadana en contextos que suelen estar marcados por el abandono estatal e institucional.

El caso ha motivado que la Defensoría inste al Ministerio del Interior de Colombia a convocar de manera inmediata una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el objetivo de evaluar las recomendaciones formuladas por la ATI y adoptar medidas urgentes para salvaguardar la vida e integridad tanto de los líderes sociales como de las comunidades más vulnerables. La urgencia se debe no solo al asesinato de Vallejo, sino al ambiente generalizado de intimidación y amenaza que pesa sobre quienes integran estas juntas.

En el sur del Cauca, la presencia de varios grupos armados ilegales —incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— complica aún más el escenario, pues estos actores buscan controlar los territorios estratégicos para actividades ilícitas. Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la violencia contra las JAC ha desencadenado tal clima de temor que, en algunos municipios, todos sus miembros contemplan la renuncia colectiva para proteger sus vidas ante las constantes amenazas. Este fenómeno ha generado una trágica estadística: entre 2016 y el 1 de agosto de 2025, han sido asesinados 383 líderes comunales, lo que representa el 44% del total de homicidios de líderes sociales documentados en ese período, de acuerdo con cifras de la ONU. La mayoría de las víctimas han sido hombres, pero la violencia no distingue género frente al liderazgo social.

El desafío sigue siendo, entonces, cómo proteger a quienes deciden alzar la voz y representar a sus comunidades en medio de un prolongado conflicto armado y de la lucha por el control territorial. ¿Qué acciones objetivas y efectivas pueden tomarse para garantizar la seguridad y el trabajo de los líderes sociales en regiones como el Cauca?