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Las autoridades informaron que, haciendo uso de sus cargos y funciones, obtuvieron ilegalmente material asignado a diferentes batallones en varias regiones.
Este lunes, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano fueron llevados con un juez de garantías como posibles responsables de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de batallones del Ejército Nacional con fines de tráfico ilícito.
(Vea también: “El Ejército nos abandonó”: masiva barrida en la institución dejó cientos de retiros)
Las investigaciones arrojaron que los funcionarios, al parecer, se valieron de sus cargos para extraer material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas para posteriormente ponerlo a disposición de particulares.
Por ejemplo, el sargento Rodríguez Lancheros, quien se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática.
De hecho, habría modificado y alterado los documentos de inventario respecto a las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades.
En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula hallaron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército.
Por dichos hechos, las autoridades le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Por su parte, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército en Medellín, también es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y de adulterar los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.
A este suboficial se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Ninguno de los dos aceptó cargos, pero el juez les impuso medida de aseguramiento en una cárcel.
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