Empresarios falsificaban declaración de renta; evadieron impuestos por $ 12.000 millones

Durante un operativo de extinción de dominio que efectuó la Policía, hoy en Bogotá, y tres municipios de Cundinamarca, se aplicó la figura de extinción de dominio a una bodega y 8 vehículos que pertenecían a una sociedad de empresarios. Estas personas, según el sumario en manos de la Fiscalía, incurrieron en fraude fiscal durante 4 años consecutivos.

Los bienes incautados tienen un valor de $32.000 millones y fueron localizados por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio en Bogotá, Cajicá, Cota y Sibaté.

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Esta medida se tomó por parte del ente investigador como resultado de una investigación en contra de una sociedad empresarial conformada por 5 integrantes de una familia. Estas personas habrían inquirido en el delito de evasión fiscal, a través de la falsificación de facturas correspondientes a transacciones y operaciones comerciales inexistentes.

Dicha modalidad es frecuentemente utilizada por los evasores para apropiarse del Impuesto de Valor Agregado (IVA), por cuanto oculta el valor de este y, por ende, omite el reporte y consignación de este tributo a la Dian. La compra de estas facturas falsificadas se efectuó presuntamente por la sociedad durante el periodo comprendido de 2012 a 2016.

Así mismo, en medio de las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, se descubrió que la sociedad habría mentido en su declaración de renta anual —como persona jurídica— para reducir la base gravable sobre la cual se acostumbra a cobrar el impuesto de renta por parte del fisco.

En consecuencia, la presunta evasión de estas personas generó un detrimento cercano a los $12.000 millones a las arcas de Hacienda Pública, con los que se financian diversos proyectos y políticas públicas para el bienestar de la ciudadanía.

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En vista de ambos delitos, la Fiscalía no solo decidió aplicar la figura de extinción de dominio sobre las propiedades de esta sociedad. De igual modo, los cinco integrantes de la misma, se enfrentan a un proceso penal por evasión de impuestos que, según la legislación colombiana, establece una pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses de prisión, y multas cercanas a los 5.000 salarios mínimos.