“La Relatoría Especial [para la Libertad de Expresión de la CIDH] recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia”, dice un comunicado del organismo.

Esa obligación, añade la CIDH, supone que el Estado colombiano adopte “un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas”.

El organismo, además, hace un recuento de los casos que le preocupan.

El primero, cabe recordarlo, ocurrió a principios de junio, cuando el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, fingió que un camarógrafo de Noticias Uno lo había agredido.

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El segundo es de finales de ese mes. El Eln secuestró al periodista Derk Johannes Bolt y su camarógrafo Eugenio Ernst Marie Follender, ambos holandeses, y los liberó el 24 de junio.

Le sigue el matoneo en redes contra Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN, orquestado por la Naranja Castrochavista, un grupo de Facebook.

Por último, está el señalamiento del senador Álvaro Uribe contra Daniel Samper Ospina: el congresista llamó a Samper Ospina ‘violador de niños’ y después lo acusó de pornógrafo infantil.

 

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