¿Cómo afecta a artistas callejeros el decreto 552, que regula uso de espacio público?

Por: Karla Andrea Figueroa Gutiérrez

Por las calles de la carrera séptima es natural encontrar a personas de diversas edades que se han dedicado por años al arte. Jóvenes que con aerosoles ponen en el papel hermosos atardeceres, adultos que dibujan pintorescas caricaturas e incluso, señores de una edad avanzada que bailan canciones alegres. Es así como entre pinceles, instrumentos y pasos de baile, los artistas llenan de color esta vía.

Las sonrisas entre las personas que por ahí transitan no se hacen esperar. Muchos se detienen hipnotizados ante las extraordinarias muestras artísticas. Así se empieza a llenar esta calle de hombres, mujeres y niños de diferentes lugares de Bogotá, distintas regiones de Colombia e incluso otras partes del mundo. Se reúnen sin otra pretensión que la de disfrutar de aquello que ofrecen los artistas en este, su escenario de cemento.

De ahí que se pueda afirmar sin titubear que ellos hacen un gran aporte a la sociedad colombiana, puesto que en cada fragmento artístico que deciden mostrar regalan algo que une a la comunidad y refuerzan la identidad cultural.

Por esto resulta de suma importancia que el Estado cree estrategias que permitan el aprovechamiento del espacio público y faciliten la labor de los artistas callejeros, cosa que se ha intentado mediante el decreto 552, que se expidió el año pasado y establece que los artistas deben tramitar, cada 45 días, un permiso que les otorga el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) para poder trabajar en ese espacio.

En declaraciones a El Espectador, la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, María Claudia López, habló de la forma en que nació el decreto:

“Comenzamos a ver que el arte y la cultura son, sin lugar a dudas, fundamentales. (…) Los artistas le dan calidad al espacio público, pero si se hace de forma ordenada. Si bien ellos podrían estar en cualquier sitio de la ciudad, nos parece que, en estos sitios de tanta afluencia o tráfico tiene que haber una organización especial”. En concordancia con lo anterior, el propósito del decreto es regular y organizar los sitios en los que se ve mayor concurrencia de artistas.

Sin embargo, esa no es la historia que se cuenta en la calle. El decreto ha generado un gran descontento entre los artistas del sector y no temen decirlo. Esto se evidencia en la cartelera que tiene pegada el pintor Alfonso Castaño en una esquina de su lugar de trabajo. En ella llama primeramente la atención aquello que está escrito en mayúsculas y en letras rojas: “OJO – PELIGRO PARA LOS ARTISTAS COLOMBIANOS”, aunque lo más significativo está escrito en azul y es un llamado a la Coordinadora de Idartes, Eliana Salazar, donde argumenta que la medida de rotación pone en peligro su sustento porque Idartes no les da la renovación a tiempo y cierra diciendo “eso no es culpa de los artistas”.

Instituciones vs artistas

Carlos Roa, un caricaturista que trabaja en la carrera séptima, afirma que muchas personas le han preguntado por todo lo referente a su arte, pero muy pocos se han detenido a indagar por aquellos problemas que los aquejan. Tal vez porque si bien su arte se sale del escenario común en el cual se exhibiría, para la mayoría no deja de estar detrás de una vitrina, sólo como objeto de admiración.

Probablemente, también funcione de esa forma para el Estado puesto que, según los artistas, en ningún momento se les preguntó si estaban o no de acuerdo con lo que implicaba este decreto. Entonces, fue así como se vieron envueltos en algo que, para ellos, trajo más problemas que beneficios.

Ahora la policía los puede expulsar del sitio si no cuentan con el permiso o si este se encuentra vencido. De hecho, esto es muy común, los policías rondan esta vía y, de vez en cuando, con el ceño fruncido y una mirada demandante, se los piden. Así se van desplazando muchos de los artistas. En sus rostros no hay ningún rastro de sorpresa, más bien hay frustración.

Su gesto es igual al de los policías, pero no en señal de fortaleza sino de impotencia, porque para ellos esto no tiene ningún sentido.

En palabras de Juan Carlos Pedroza, artista de la séptima que pinta con aerosoles, la norma “es una completa tontería. Supuestamente el decreto 552 dice que el arte callejero es patrimonio cultural de la ciudad, entonces no entiendo por qué tenemos que levantarnos”.

Como Juan Carlos, muchos de ellos viven solamente de eso, de su arte. De modo que cuando se llevan sus instrumentos, obras y grabadoras les están arrebatando sus sueños y con eso, aquello que les da el sustento para vivir. Aunque a decir verdad, este es un panorama amigable, al menos en comparación a las historias que entre ellos se cuentan. Historias en las que la policía hace uso de la fuerza para sacarlos del espacio público.

Héctor Cruz Novoa, abogado y asesor jurídico de Staffing, explica que el uso de la fuerza está justificado siempre y cuando sea dentro de los parámetros legales:

“Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de gran importancia (…) podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas”.

Aun así, es importante que los artistas tengan en cuenta los mecanismos mediante los cuales pueden recurrir a la ley para denunciar aquellos abusos que no estén en el marco de lo legal.

Beatriz Luna, abogada y magíster en Derecho Constitucional, litigante independiente y docente universitaria, explica cuál es el conducto regular para denunciar en estos casos:

“En primera medida, si un artista ve que hay un abuso de autoridad, pues podría informar a Idartes, también podría acudir a la misma policía presentando una queja o un derecho de petición e incluso si ya realmente hay un abuso que implique peligro y riesgo para derechos fundamentales de los artistas, puede analizar si acude a la acción constitucional de la tutela, recordando que esta se debe usar cuando ya se hayan usado otros mecanismos”.

También expone las implicaciones legales que tendría el policía que, en ejercicio de su cargo, abuse de su autoridad:

“Puede tener implicaciones disciplinarias, que inicien procesos de investigación a los policías por su conducta o por sus omisiones (…) puede incluso ahondar o traspasar al ámbito del derecho penal si es que incluso se puede presentar algún tipo de delito, lesiones personales o demás”.

Cabe aclarar que esto no es suficiente porque aunque se garantice que los artistas serán protegidos ante la ley en lo que refiere a cualquier abuso de autoridad, seguirán siendo perjudicados ya que existen otros problemas significativos en el ejercicio del decreto. Por ejemplo, la demora en el trámite del documento, que puede tardar hasta un mes, tiempo que ellos no están dispuestos a esperar porque cada día de demora significa un día sin poder trabajar libremente.

Como son tan solo 45 días de permiso, el tiempo de espera no se justifica. Al contrario, empeora el panorama ya que se ven obligados a realizar este trámite una y otra vez en un lapso tan corto que interfiere en el desarrollo de su trabajo.

Sin embargo, Ana Carolina Ávila, contratista de la subdirección de artes en Idartes y que apoya la coordinación del proceso de la regulación de artistas en el espacio público, justifica el tiempo de renovación en lo siguiente:

“El decreto de aprovechamiento económico (…) establece cuáles son las actividades que se pueden dar en el espacio público y establece tres tipos de temporalidades de acuerdo al tipo de actividad. (…) Entonces la temporalidad que le corresponde a artistas es definido de acuerdo a lo que dice el decreto; no la determinó Idartes ni la determinó la Secretaría de Cultura”.

Además, respecto del tiempo que se demora el trámite del permiso dice que el trámite de la resolución de aprovechamiento económico se demora 6 días hábiles y que, sin embargo, se puede tardar más cuando la plataforma tiene problemas de funcionamiento y no les permite ver rápidamente los códigos del día de la solicitud del artista.

 Ávila también agrega que “como todo proceso normativo, tiene que irse ajustando en el tiempo (…) porque requieren modificaciones de decretos y resoluciones”.

Por las razones anteriores, resulta de suma importancia que las instituciones tengan en cuenta los problemas que están teniendo los artistas y que escuchen sus voces que, en la calle donde exhiben aquello que aman hacer, también se levantan en contra de este decreto.

*Estas notas hacen parte de un acuerdo entre Pulzo y la Universidad de la Sabana para publicar los mejores contenidos de la facultad de Comunicación Social y Periodismo. La responsabilidad de los contenidos aquí publicados es exclusivamente de la Universidad de la Sabana.