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El gobierno nacional de Colombia ha dado un paso relevante hacia la protección de la infancia en entornos digitales, con la expedición del Decreto 0769 del 16 de julio de 2026, que reglamenta la Ley 2489 de 2025. De acuerdo con El Diario, este decreto incorpora y detalla medidas obligatorias para plataformas digitales, instituciones educativas y familias, buscando prevenir riesgos como el ciberacoso, la explotación sexual, la captación criminal y otras formas de violencia digital. Entre los aspectos más destacados se encuentran la restricción en el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes, así como la creación de un marco de corresponsabilidad entre Estado, empresas tecnológicas, colegios y hogares, para abordar de manera integral los riesgos en el uso de internet por parte de menores.
De acuerdo con el decreto, las plataformas digitales —incluidas redes sociales, aplicaciones, videojuegos y herramientas de inteligencia artificial— deberán identificar, prevenir y minimizar peligros desde la etapa de diseño de sus productos. Estas compañías están obligadas a establecer mecanismos de privacidad por defecto, reforzar canales de denuncia y facilitar controles parentales adaptados según la edad y madurez del usuario. Los proveedores tienen la responsabilidad de reportar, cada semestre, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) los avances y estrategias implementadas para mitigar los riesgos. Además, si se detectan situaciones de explotación sexual infantil, las empresas deben informar de inmediato a la Fiscalía General de la Nación.
Respecto a la privacidad, uno de los puntos fundamentales es la prohibición de recolectar datos biométricos de menores y la vigilancia masiva o el perfilamiento con fines comerciales. Las plataformas deberán realizar verificaciones de edad proporcionales al riesgo del servicio, sin solicitar información personal innecesaria. Tampoco podrán interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial ni establecer censura previa.
Las instituciones educativas, por su parte, deben actualizar sus proyectos educativos y manuales de convivencia para incluir rutas claras frente a casos de violencia digital. Los Comités Escolares de Convivencia deben activar los protocolos de protección a los estudiantes y el Ministerio de Educación pondrá a disposición materiales pedagógicos sin exigir datos personales ni presentar publicidad dirigida a menores. Además, el Ministerio TIC y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ofrecerán orientación a padres y cuidadores para que acompañen de forma activa y dialogante el uso de la tecnología por parte de los niños y adolescentes.
Según lo establecido, el gobierno tiene un año para formular una política pública nacional sobre entornos digitales saludables, y crear un sistema integral de monitoreo que articule la prevención, detección y atención de amenazas virtuales, sumando la intervención de varias entidades estatales. El proceso de reglamentación contó con una participación significativa de la ciudadanía y diferentes gremios, consolidando un marco de protección robusto y acorde con los retos que plantea la tecnología.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son las nuevas obligaciones para plataformas digitales según el Decreto 0769 de 2026?
El Decreto 0769 de 2026 exige a las plataformas digitales identificar, prevenir y reducir riesgos que puedan afectar derechos de menores, desde la etapa de diseño y funcionamiento de sus servicios. Las empresas deben implementar mecanismos de privacidad por defecto, fortalecer canales de denuncia, ofrecer herramientas de control parental y permitir ajustes según la edad del usuario. Además, deben hacer reportes semestrales al Ministerio TIC sobre las acciones ejecutadas y, en casos de explotación sexual infantil, reportar de inmediato a la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué medidas deben adoptar colegios y padres para proteger a los menores en internet según el nuevo decreto?
Los colegios tendrán que actualizar sus manuales de convivencia y proyectos institucionales para incluir acciones frente al ciberacoso y otras formas de violencia digital, activando protocolos cuando se presenten casos. Al mismo tiempo, padres y cuidadores están llamados a supervisar activamente el uso de tecnología por menores, basando su acompañamiento en el diálogo y la educación sobre los riesgos, con apoyo de materiales pedagógicos proporcionados por el Ministerio TIC y el ICBF.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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