Hipocresía del sindicalismo colombiano denotó la apuesta de desestabilizar el orden institucional, crear anarquía y violencia social, conexo a una estrategia tendida por quienes dicen integrar un pacto histórico por Colombia para llegar al poder en el 2022. Intereses mezquinos, de fuerzas humanistas, llevados a las marchas, se atomizó en ideales particulares de políticos locales, colectivos juveniles, cabildos indígenas y grupos gremiales alternativos que tomaron pulso a la resistencia. Ruptura de la ciudadanía con la institucionalidad, los agentes del orden y la confianza gubernamental solo conduce a la urgente necesidad de una reforma política de fondo e integral, giro de 180 º a la instancia democrática que funge en el estamento legislativo y ha sido incapaz de dar trámite a proyectos que atiendan las necesidades del colectivo colombiano.
Indolencia social, tolerancia al dolor y el sufrimiento ajeno, uso de eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre, son tan solo unos de los ejes de acción con los que, quienes actúan como honorables legisladores, han querido pasar de agache en medio del caos. Memoria histórica y valores políticos desdibujan la trascendencia que debería tener un órgano democrático como el Congreso de los colombianos, púlpito de representación regional y nacional que tristemente solo se emplea para las arengas y señalamientos que conducen a la polarización y el favorecimiento de los intereses propios, y de las clases más favorecidas, antes que el beneficio del pueblo que los eligió. Partidos, movimientos y políticos independientes parecen aferrarse a un universo paralelo desde el que difícilmente comprenden que el constituyente primario se hastió de las prácticas de corrupción y violencia que arrebatan el derecho a soñar con un país mejor.
Si bien el paro logró politizar a la juventud, la conversación y la agenda social de la nación, es importante comprender que la organización ciudadana y el fortalecimiento de la democracia debe estar lejos de la participación colectiva para propiciar bloqueos, saqueos, incendiar juzgados, destruir la economía, vandalizar los medios de transporte y demás barbaries y hechos criminales que acabaron con los bienes públicos y privados como se vio en los últimos días. Diálogo social, tan necesario en tiempos de convulsión, exalta a comprender el valor de la vida, y el respeto a la diferencia, para recomponer el futuro del país; conciencia de trabajo y empatía invita a comenzar un diálogo nacional de todos los actores que permita presentar proyectos de ley que atienda los puntos del inconformismo ciudadano que se está gestando desde noviembre de 2.019.
El principal problema de los colombianos como sociedad es que se perdió la educación, al margen quedaron cosas tan simples como saludar, dar las gracias, respetar y escuchar. El país está en medio de un cataclismo en donde el insulto, la ofensa y la calumnia son los principios fundamentales de las relaciones entre unos y otros; hizo carrera la grosería y está en seria duda si se volverá al trato correcto y cordial que hace tantos años caracterizó a la nación. Delirio de odio y persecución invade la percepción de jóvenes e indígenas, obtusas capas poblacionales en las que el clima de armonía, bienestar y prosperidad es un concepto difuso que sucumbe ante el matoneo que ejercen, desde la capucha, frente a quien se atreve a pensar diferente. La agresión con que se tratan unos a otros hace ver lejos un sentido de la paz que lleve a acuerdos en los que todos se despojan de imaginarios y se unen en la construcción de propósitos como país.
Objetivos de gobierno y prioridades de la nación deben estar encaminados a un gran acuerdo nacional, mientras las divergentes aspiraciones del Comité Nacional del Paro se decantan para ser encauzadas en su verdadero propósito, hacer política. Llamado a “suspensión temporal de las manifestaciones” precipitó la multiplicidad de criterios encontrados que existe entre una corriente de alrededor de 60 miembros que cree representar a 27 sectores sociales nacionales y 350 comités; ambición de poder egoísta que instrumentalizó la protesta social y difuminó el anhelo de cambio de la juventud colombiana. Complejo escenario de identificación de las bases manifestantes con las cabezas visibles de la negociación emplaza a la justicia a actuar contra quienes atentaron contra la estabilidad política, económica y social de los colombianos para hacer campaña por un determinado candidato.
La política, como actividad inherente al ser humano, exige responsabilidad con la difícil tarea de dejar atrás el conflicto que por décadas se cristalizó en la opinión pública y hoy radicaliza las diferencias y confronta lo inimaginable. Los colombianos deben fijar bien los pies en la tierra, escuchar atentamente las propuestas que presentan candidatos y movimientos, así como contrastar los pensamientos y acciones de los líderes políticos; ejercer el derecho a la protesta es totalmente válido, pero respetar el derecho al discernimiento también lo es. Como país se requiere enderezar el rumbo social, establecer políticas públicas que, como actores de una comunidad, permitan avanzar en el concepto de nación en progreso desde el respeto por las diferencias; construcción de futuro sin astillarse con la viga que habita en el ojo ajeno.
Encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar y crecer como país decanta la capacidad de una sociedad para reconocerse y desde sus desacuerdos proyectar la reconstrucción de un proyecto de vida que le permita a los colombianos progresar en el escenario mundial. Colombia, con múltiples riquezas naturales y estupendas oportunidades, requiere focalizar esfuerzos para dar vía a esa nación en paz que, en el marco del ejercicio democrático, dejó las armas y la imposición de argumentos por la confrontación respetuosa de ideas y la concertación de políticas en pro del bien común. Es claro que se abre un espinoso camino en el que los ciudadanos deben prepararse para presenciar enconados debates en plaza pública, medios de comunicación, escenarios sociales y el legislativo, entre el partido de gobierno, los opositores e independientes que ya fijan sus apuestas y enfilan campañas para el 2022.
Enconado campo de batalla tendrá importantes reacciones sobre temas de repercusión nacional bajo la disputa electoral, perfecta hoja de ruta que llevará a un segundo plano la reforma política, la agenda anticorrupción, los proyectos de inversión social y demás temas prioritarios del inconformismo ciudadano. El tradicional escenario político no modificará su forma de actuar y proceder hasta que los colombianos castiguen en las urnas a aquellos partidos y candidatos que tanto defraudan la confianza brindada en las esperanzas de construir un mejor país. Es momento de hacer una depuración del legislativo, reformar aquello que la clase política fue incapaz de hacer por sí misma, fijar el llamado “muro de la infamia” en el que consten las acciones, intervenciones, iniciativas y votos de cada uno de los 108 Senadores y 172 Representantes. Brindar herramientas de consciencia y argumentos que permitan que el electorado pueda confrontar a sus caudillos.
En medio de un año preelectoral como el que ahora vive Colombia es importante llamar a revisar el papel de la oposición, colectivo político que de manera coordinada puede pasar de los reiterados llamados a organismos internacionales implorando sus derechos, a una inteligencia de acción que va más allá del papel y los micrófonos de los medios de comunicación. Esquema de acción en el que cae la oposición parece haber olvidado que la política se hace en la plaza pública y el legislativo, distante del espectáculo digital; confrontación de ideas y conceptos, hechos y acciones, que constituyen una democracia distante del calor inmediatista y momentáneo de las pantallas, grabadoras, cámaras y micrófonos.
Nueva política empieza con la inscripción de la cédula y la participación democrática de actores apáticos que desde las diferencias pueden construir una sociedad que saque a flote las riquezas de un país como Colombia. Es necesario el reconocimiento del semejante como otro actor de la contienda, sujetos con ideas, proyectos y visiones de sociedad que hacen uso de su derecho a la libre expresión y buscan captar la atención y anuencia del electorado que los puede considerar como la mejor alternativa para los problemas que aquejan a la sociedad colombiana.
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