También la cooptación de territorios abandonados por Farc, la proliferación de disidencias, el aglutinamiento de paramilitares, la presencia de narcos extranjeros en el país y el auge de cultivo de hoja de coca son razones para pensar que se necesita otra estrategia de seguridad y defensa en el país.

Según datos oficiales en 2014 se registraban 55 asesinatos de líderes sociales, 60 en 2015, 80 en 2016, en los primeros cinco meses de 2017 se contabilizó 55 muertes y en 2018 hasta la fecha van más de 100 muertes. Registro que tumba el argumento de que la responsabilidad es del Gobierno entrante y no del saliente y asimismo que el recrudecimiento de la violencia se debe a este primero.

Sin embargo, los conteos no concuerdan, la Fiscalía dice que 178 líderes sociales han sido asesinados desde 2016, fecha en la que empieza a ser visible este fenómeno de los cuales 30 crímenes han sucedido en lo que va corrido de 2018 y la Defensoría del Pueblo casi que dobla ese número con un registro de 311 personas asesinadas.

La tendencia de asesinatos corresponde a líderes de sustitución de tierras, líderes comunales que se oponen a las economías ilegales y líderes afros, indígenas o campesinos. Esta violencia homicida sería ejecutada por grupos posdesmovilizacion y otros actores armados con el afán de ocupar territorios abandonados por Farc lo que a grosso modo involucra un factor político y otro de narcotráfico, ya que los líderes asesinados no son exclusivamente de un mismo patrón político.

El Gobierno Santos no entendió el papel del posconflicto territorial y la reducción de riesgo tanto para civiles como para líderes sociales. Esto representa una fragilidad institucional y una incapacidad de hacer presencia no solo a nivel estatal sino también a nivel local y regional. Particularmente, estas mafias se valen de la geografía del abandono para continuar su empresa criminal, sea porque los integrantes de estos nuevos grupos hayan hecho parte de alguna estructura desmovilizada (Farc, AUC, EPL) o porque tiene las mismas formas de operación y objetivos de grupos preestablecidos.

Detrás de esto, existe actualmente personajes con un amplio prontuario criminal que son “invisibles”, sumado a una mano de obra subcontratada y tráfico de influencias. A pesar de que estos factores determinan los móviles de la violencia homicida en el país los homicidios aumentan peligrosamente en algunos de los municipios clave para la implementación del acuerdo de paz. Y de igual forma, esta violencia no es un problema que ocurra en todo el país, es una situación que corresponde a 78 municipios caracterizados por ser escenarios de conflictividad social, política y armada donde existe todo un portafolio de economías criminales.

La masacre de siete personas en Argelia a manos del ELN en el que dos eran disidentes de Farc, el audio del paramilitar Carlos Mario amenazando a la profesora Deyanira Ballestas de San Pablo, Sur de Bolívar, y la sistemática muerte de líderes sociales en el país son hechos que son en parte la nueva radiografía del conflicto armado.

Las variables de violencia en un mismo departamento hacen necesario un tratamiento de política pública focalizado en las dinámicas propias de cada municipio para entender el aumento de la violencia homicida. Y a nivel general, también es necesario recordar que las exigencias y necesidades de cada comunidad obedecen a una lógica que puede ser entendida de dos maneras; una institucional y otra de conflicto.

Finalmente, este nuevo escenario de violencia en el país no debe ser justificado o rechazado según nuestras afinidades políticas.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

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