Alrededor de 870.000 venezolanos están viviendo en Colombia, informó esta semana el director general de Migración del país, Christian Krüger: unos 382.000 están legalmente, un poco más de 442.000 están en etapa de regularización, mientras que cerca de 46.000 están de forma irregular.
En el grupo de irregulares se cuentan unas 8.200 mujeres que ingresaron en estado de embarazo, según datos publicados por El Espectador.
El 76 % de las mujeres registradas no ha tenido un solo control prenatal, pues las instituciones médicas no están obligadas a atenderlas ya que estas no son urgencias.
“Hemos visto que llegan sin ningún control (a las labores de parto), eso afecta de una manera automática la clasificación de riesgo, pacientes que no tienen controles prenatales se clasifican en ‘alto riesgo’ de manera inmediata”. indicó meses atrás el director del Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, Juan Agustín Ramírez, a la AFP.
Pero no solo Cúcuta vive esta situación. Al Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico han llegado 1.100 venezolanas embarazadas en los últimos meses, cuenta Semana:
“La mayoría no son inmigrantes que se quedan en el país, sino mujeres que entran por La Guajira en búsqueda de atención médica para un parto, dada la crítica situación de salud pública en Venezuela”.
Uno de los grandes problemas, para médicos y pacientes, es que la demanda de mujeres embarazadas supera los recursos del Estado para cubrirla, poniendo en juego el acceso y la calidad de la atención.
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En contraste, el gerente general del Plan Frontera en Venezuela organizado por la Cancillería, dijo a El Espectador que “un porcentaje importante” de los cerca de 60.000 casos de urgencias atendidos por la red pública corresponden a madres gestantes, “tanto por el tiempo avanzado que tienen en la gestación, como por las condiciones médicas y la ausencia de medicamentos”.
Otro de los problemas de esta migración de madres gestantes es que sus hijos nacidos en Colombia ni son venezolanos (por nacer en el exterior) ni son colombianos (por la irregularidad en que se encuentran sus padres).
“El mayor riesgo de ser apátrida es que ningún Estado les garantiza derechos. Es de especial importancia cuando son menores de edad”, explica a El Espectador la investigadora de Dejusticia, Silvia Ruiz.
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