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Las denuncias por las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Cancillería, la Registraduría y la empresa Thomas Greg and Sons siguen acumulándose. La rareza del uso de la policía judicial en entidades que hacen parte del Gobierno; la Cancillería, y del Estado; la Registraduría, generaron preguntas sobre por qué la entidad que hoy maneja Cielo Rusinque no solicitó esta información de manera armónica entre las entidades institucionales. El secretario general de la CGT, Francisco Burchardt, dijo en La FM que la SIC se llevó copias de celulares de personas que trabajan en dependencias que no tienen nada que ver con la licitación de los pasaportes, sino con información de extradiciones y “seguridad nacional”.
El Colombiano, aliado de Pulzo, accedió a los documentos que Burchardt y el sindicato le enviaron a la Superintendencia para solicitar explicaciones sobre la visita. “¿Cuál fue el motivo para obtener una copia de información de seguridad nacional que no estaba relacionada con el trámite de la diligencia?, ¿cómo se manejará esta información por parte de la SIC?”, dice el derecho de petición enviado por el sindicato. Y agrega: “¿Por qué los encargados de la visita no presentaron ninguna orden judicial al momento de solicitar celulares personales, para obtener una copia de seguridad de toda la información, lo cual está en contra de lo estipulado en la ley 1581 de 2012?”.
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Según Burchardt, la SIC estuvo en por lo menos cuatro dependencias llevándose copias de los celulares personales de las personas encargadas, que no manejan ninguna información relacionada con la licitación de los pasaportes, lo que fue el origen de la visita.
Días atrás, la SIC hizo el mismo procedimiento en la Registraduría, en donde el jefe de la entidad, Hernán Penagos, también se quejó de una extralimitación de funciones por parte de la Superintendencia. La visita con carácter de inspección de policía judicial también fue realizado en Thomas Greg and Sons durante por lo menos tres días en largas jornadas. La SIC cumple funciones de investigación sobre hechos relacionados con la libre competencia en el sector privado. Thomas Greg ha tenido el contrato de los pasaportes durante los últimos años, así como a una parte de la organización de las elecciones en la Registraduría que ganó el presidente Petro con 11,5 millones de votos en 2022.
El tema del contrato de pasaportes por 600.000 millones todavía sigue en vilo, porque, aunque el exsecretario general Juan José Salazar, firmó la resolución de adjudicación una vez el canciller Álvaro Leyva fue suspendido del cargo por la Procuraduría durante tres meses, el Gobierno se negó a firmar el contrato y de hecho la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado ya dijo que la resolución de Salazar fue irregular. Thomas Greg interpuso una demanda por perjuicios de alrededor 100.000 millones de pesos, por considerar que cumplieron con todos los requerimientos legales para ganar la licitación sin que el Gobierno haya todavía formalizar el contrato.
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“Hablé con cuatro personas y se sintieron asustadas porque les pidieron sus celulares y elementos personales para hacer copias”, puntualizó Burchardt.
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