El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que debe abordarse desde la salud pública, en cuyo caso el sector educativo juega un papel fundamental. Un factor en común de las investigaciones y estadísticas sobre el consumo de sustancias psicoactivas es que son los jóvenes, en su mayoría, los consumidores. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, ENCSPA, de 2019, la edad promedio de inicio es a los 18 años, seguida por 15 años.
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Sin embargo, en la investigación realizada por Miriam Buitrago, Ángela Clavijo y Liliana Bustamante para identificar y correlacionar los factores que predisponen o están asociados a la ideación y la conducta en estudiantes de 3 instituciones educativas de Armenia: Bosques de Pinares, Los Quindos y Laura Vicuña, arrojó que la edad de inicio es a los 14 años, seguida por los 12 años.
Tras el retorno a las aulas de clase, después del confinamiento obligatorio por la Covid-19, sostuvo Antonio José Vélez Melo, coordinador de calidad educativa de la secretaría de Educación de Armenia, que ha habido un aumento fuerte del consumo y de los conflictos. “Nosotros esperábamos que se iban a dar esta serie de situaciones porque después de 16 meses de encierro y de aislamiento había un desborde de energía”.
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La secretaria de Educación, Julieta Gómez de Cortés, hizo un diagnóstico frente a la situación de consumo de sustancias psicoactivas en Armenia: “Es muy, muy preocupante lo que está sucediendo alrededor y al interior de las instituciones educativas. Nosotros tenemos contratadas 2 personas expertas quienes están haciendo atención en 10 instituciones en donde se hace la socialización del plan de drogadicción y en donde se llevan a cabo jornadas de sensibilización, y las requisas pedagógicas con autoridades y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
Para lo anterior, desde la secretaría de Educación de la capital del Quindío, han actualizado y fortalecido las rutas de atención escolar. “Tenemos 32 docentes orientadores escolares en la ciudad -que tampoco da abasto- pero así intentamos fortalecer la red para la activación de las rutas interinstitucionales. Ahí hay un compromiso grande de la Policía Nacional, comisarías de Familia, entre otras entidades que están comprometidas 24/7”.
“La Policía ha identificado unas zonas que están en alerta y en las que se ha logrado hacer un trabajo relevante. En el interior de la escuela, además trabajamos mucho la prevención con docentes orientadores de la mano de 19 profesionales que están adscritos al proyecto de Escuela y Familia. La escuela de padres ya es una ley general desde el año pasado. Entonces, ellos han apoyado las escuelas de padres que debe desarrollar cada institución educativa. Además, vinculamos a 2 profesionales expertos que realizaron una especie de cartografía del consumo y las acciones de prevención y aplicación que debían hacerse. Hemos logrado en el primer semestre hacer el diagnóstico y, en el segundo, trabajar en las instituciones educativas específicas. Seguimos buscando apoyo en este proceso”, explicó Vélez Melo.
De igual manera, otro proyecto que se enfoca en la prevención es el de: Zonas de Orientación Escolar, Zoe, cuyas estrategias impulsan el trabajo entre pares en instituciones educativas y comunas.
Ruta de atención para tratar los casos en instituciones educativas
La ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos, debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones, parte de 3 puntos: acciones comunitarias -instituciones educativas-; demanda espontánea o inducida de salud -por campañas y proyectos de prevención- o demanda espontánea -campañas en fechas especiales- o inducida de atención en reducción de daños por consumo de sustancias sicoactivas -programasde EPS o IPS-.
Según información obtenida de docentes orientadores, las instituciones educativas inician la ruta desde las siguientes acciones: en una situación en la que hay sospecha de consumo de sustancias psicoactivas de un estudiante, el docente procede a comunicarse con los padres, acudientes o el tutor legal del menor de edad para ponerlo al tanto de los hechos.
En caso en el que ya esté confirmado el consumo, la ruta es distinta. El estudiante es remitido a Orientación Escolar, desde donde se activa la ruta de atención en salud -para evaluación clínica y abordaje integral-.
“El padre de familia debe reportar al orientador la primera consulta que tuvo con el médico en abordaje integral y nos debe traer la copia de la historia clínica -que debe decir que se remite a sicología o siquiatría-. Posteriormente, de acuerdo con el diagnóstico los docentes orientadores clasifican por riesgo sicosocial y lo cargan al Sistema de Matrícula, Simat, para hacer flexibilidad porque es un estudiante que no va a tener el mismo rendimiento de los otros”, explicó un docente.
Asimismo, en caso en el que el estudiante está desbordado o tenga síndrome de abstinencia, este debe ser internado para su desintoxicación por periodos que oscilan entre 15 y 45 días, tiempo en el que el plantel educativo deberá garantizar una educación flexible al estudiante.
Tras el regreso del estudiante a la institución es deber del docente orientador hacer seguimiento del caso y estar atento a su estado emocional.
Señales de alerta
Profesionales de la salud mental recomiendan a padres de familia y docentes estar atentos frente a signos de alerta como: cambios en el comportamiento; alteración del sueño y del apetito; faltas del cuidado personal; intereses en contenidos relacionados con narcotráfico; bajas en rendimiento académico; cambios de ánimo frecuentes, depresión; hurtos en la casa; ojos rojos y somnolencia; alteraciones en sus actividades sociales.
Frente a sospechas, se recomienda remitir a profesionales de la salud mental para llevar a cabo la ruta adecuada.
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