El organismo de control informó que dichos acuerdos fueron suscritos con entidades del orden nacional y territorial, por un monto que supera los 191 mil millones de pesos.

“Más grave que los huracanes Eta e Iota es el huracán de la corrupción en San Andrés”, dijo Carrillo durante una visita a San Andrés.

Una de las cosas que encontró es que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracán Iota, en el departamento se han celebrado 318 contratos, por valor de 7.035 millones de pesos.

Seis de esos, por valor de 2.315 millones de pesos, corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago como el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de tránsito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario.

Como parte de una acción preventiva, el ente de control busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla.

La Procuraduría focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de 16.300 millones de pesos.

Desde 2008 las mismas 10 firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los 56.639 millones de pesos, de los cuales el 80 % fueron adjudicados por la Gobernación del archipiélago.

Entre enero y marzo la contratación sobrepaso los 112 mil millones de pesos. De abril a lo que va corrido de diciembre, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la contratación fue de casi 79 mil millones.

El órgano de control solicitará información a las entidades como el ICBF, el ICA y el SENA, entre otras.

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Contratos irregulares de la Gobernación de San Andrés

Alumbrado Navideño

El Ministerio Público encontró presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de 1.550 millones de pesos.

Por esa razón, abrió indagación preliminar al gobernador encargado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alen Jay Stephens (2020), a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor.

Contratación por COVID-19

    • En este ítem se investigan presuntos sobrecostos en el contrato suscrito para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de 200 millones de pesos. Por eso, abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor.

  • El secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, también es investigado por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección para los médicos del hospital departamental, por 360.707.648 pesos.
  • De igual manera, avanza la indagación preliminar contra el exgobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por posibles irregularidades en la ejecución del contrato para el suministro de almuerzos, y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores por valor de 1.083.420.000 pesos.

Otros contratos

  • El Ministerio Público también indaga a funcionarios por determinar de la Gobernación, por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de 450 millones.
  • Se investiga al jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación, Juan Enrique Archbold Dau, por posibles irregularidades, detrimento patrimonial y mal uso de los recursos, por el presunto incumplimiento de los contratos de servicios profesionales de dos periodistas.

La Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

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