¿Quién puede calificar con certeza meridiana lo que sintieron los magistrados de la Corte Suprema este jueves cuando el Palacio de Justicia en Bogotá fue bloqueado por manifestantes que exigían que ese alto tribunal nombrara ya al nuevo fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa? Los protestantes justificaron su acción como un reclamo necesario para evitar el derrocamiento del presidente Gustavo Petro, quien animó las manifestaciones. Pero la presencia de banderas del M-19 removió hasta el extremo la memoria de la Nación.
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No es la primera vez que la enseña del movimiento guerrillero, del cual hizo parte el presidente Gustavo Petro, se agita en la emblemática Plaza de Bolívar frente al Palacio de Justicia. Ocurre con frecuencia en manifestaciones de toda índole en las que participan simpatizantes de ese movimiento ya desmovilizado. Hay libertad absoluta para hacerlo. Pero este jueves, por ser la Corte Suprema de Justicia el objetivo de las protestas, se movieron fibras sensibles que conectan con la tragedia.
El país no olvida que el miércoles 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, una acción que esa guerrilla denominó ‘Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre’. Lo primero que hicieron los asaltantes fue tomar a unos 350 rehenes, entre magistrados, consejeros de Estado, empleados judiciales y de otra índole, así como a visitantes de la sede judicial. Las autoridades reaccionaron de inmediato para recuperar la instalación y, al cabo de 28 horas, el saldo de víctimas mortales, entre ellas, once magistrados, superaba las cien.
En las primeras horas del holocausto, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, clamó a través de los medios de comunicación por el cese de las hostilidades: “Por favor, que nos ayuden; que cese el fuego. La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19. Por favor, que cese el fuego inmediatamente. Divulgue ante la opinión pública. Esto es urgente. Es de vida o muerte”. Él fue uno de los muertos.
Como una acción para superar el trauma nacional se ordenó la demolición del edifico con el fin de construir en su lugar un nuevo Palacio de Justicia. Pero la memoria sigue allí, en donde se asocia el emblema del M-19 con la terrible tragedia que provocó. Por eso, estremecen las palabras del actual presidente de la Corte, Gerson Chaverra Castro, para calificar el intento de toma por parte de algunos manifestantes.
No hay certeza de que quienes buscaron meterse al Palacio este jueves después de que se supiera que la Corte no había elegido fiscal general, y que, en consecuencia, al actual, que termina su periodo este 12 de febrero de 2024, lo va a reemplazar la vicefiscal Marta Mancera, hagan parte del M-19. Pero la agitación provocada y el riesgo que corrieron los magistrados, sumados a la presencia de banderas del M-19 en inmediaciones del Palacio revivieron fantasmas.
“La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República, situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, dijo Chaverra en su declaración.
El presidente de la Corte Suprema enfatizó que la Corte “defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de las posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación”, pero “condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia”.
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“Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, agregó, enérgico, el magistrado. “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de derecho como el colombiano la función judicial solo está sometida al imperio de la ley”.
Recordó que todo conflicto o diferencia debe ser tramitado por medios de los procedimientos institucionales consagrados en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, le exigió al Gobierno de Petro “brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas”.
Del breve discurso de Chaverra caen como pesadas gotas las palabras “asedio”, “grave riesgo”, “bloqueo violento e ilegal”, “sitiar”, “democracia en vilo”, “hostigamientos” y “amenazas”, que también evocan la situación que vivió la Corte en 1985. Efectivamente, el país vio a los integrantes de la Corte encerrados, asediados, amedrentados, amenazados y agredidos por el fanatismo. Ojalá la voz del actual presidente de la Corte Suprema, a diferencia de la de Reyes Echandía, sí sea escuchada.
La @CorteSupremaJ rechaza el asedio de este jueves al Palacio de Justicia y exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que la Corporación pueda ejercer sus funciones sin presiones ni hostigamientos. Ver comunicado➡️ https://t.co/Si1EPTCDPO pic.twitter.com/qyQMoaP3Ft
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 8, 2024
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