El tolimense Luis Guillermo Pérez, próximo a dejar su cargo como magistrado del Consejo Nacional Electoral, agradeció que se promueva su nombre para liderar el Ministerio de Justicia.

En entrevista con El Nuevo Día entregó varias impresiones de lo que podrías ser el gobierno de Gustavo Petro:

  • En estas elecciones hubo diferentes voces del espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, que pusieron en entredicho la imparcialidad del sistema electoral. A su modo de ver, ¿realmente hubo riesgo de un fraude?

Claro. No es normal que en la elección legislativa de marzo se hubieran dejado de contar más de 700.000 votos para el Pacto Histórico tanto en Senado como en Cámara. Y aunque esto fue corregido por las comisiones escrutadoras, la magnitud del error es enorme. A eso se le suma la narrativa de la extrema derecha de decir con mala fe que esos votos se los regaló el registrador al Pacto Histórico.

(Vea también: Habló el ministro de Defensa designado por Petro, que al uribismo no le gustó ni poquito)

Adicional a eso, recordemos los problemas en los ‘software’ de inscripción de cédulas y de cargue de testigos electorales de los partidos, y del aplicativo Infovotantes. Al tiempo, el presidente Duque dijo que movilizaría toda la Fuerza Pública para garantizar el respeto a los escrutinios. Luego aparece el famoso simulacro en la Registraduría en el que se presenta a Rodolfo Hernández como ganador de las elecciones. Cosas como estas no habían pasado.

  • El registrador Alexánder Vega dice que usted está cuestionando a la organización electoral sin sustento y asegura que sí se brindaron garantías de transparencia. ¿Qué le responde?

Aquí hubo irregularidades que dejé en evidencia. Hubo una serie de reclamos que permitió corregir problemas, entre ellos mi persistente solicitud para que se contratara una auditoría internacional, el respaldo que le di al Fiscal Tercero delegado ante el Tribunal Superior de Cali que quiso acceder al código fuente de los software para poderlos auditar, evidenciar que el simulacro de la empresa Indra sí se hizo en la Registraduría, mis cuestionamientos ante la posibilidad de que la Fuerza Pública interviniera de una u otra manera en el proceso electoral. Al final hubo un ambiente de suficiente presión para evitar que un fraude se perpetrara y se respetara la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

  • ¿Qué pasó con el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que ordenó a la Registraduría a adquirir el software para las elecciones y permitir las auditorías?

La sentencia ordena que el software de todo el proceso electoral tiene que estar en poder del Estado. Es decir, de la organización electoral que, en este caso, es el Consejo Nacional Electoral.

Pero el registrador entregó un software parcial de consolidación de resultados. He cuestionado esa tercerización del proceso electoral, porque se presta para hechos de corrupción e implican contratos billonarios con grandes intereses privados que terminan afectando la credibilidad del proceso y haciéndolo vulnerable. Estos son temas de seguridad nacional, que tienen que ver con el orden público y la credibilidad de la democracia.

(Vea también: Alcalde de Barranquilla le propuso a Petro no cobrar tan caro la energía en el Caribe)

El registrador está en desacuerdo con mis opiniones y tiene el derecho de estarlo, pero lo que pude constatar es que no hubo realmente una voluntad para que pudieran auditarse todos esos software a tiempo.

En el próximo Consejo Nacional Electoral, que empieza a sesionar desde septiembre, tendrá que darse la discusión sobre el cumplimiento de la sentencia. No podemos llegar a las elecciones regionales como si aquí nada hubiese pasado. Eso tiene que ser corregido.

  • La Misión Especial Electoral del Acuerdo de Paz propuso una reforma política que incluya que garantice la financiación estatal de campañas, listas únicas y autoridad electoral independiente. ¿Eso se podría unir a su idea de crear un tribunal que se encargue de organizar las elecciones?

Lo que yo he propuesto es una reforma constitucional para crear un tribunal electoral, con una sala administrativa, que desarrolle las misiones logísticas que cumple el Registrador. Pero además hay que reformar el Consejo Nacional Electoral para que los magistrados sean electos en concursos de méritos y no por el Congreso. 

También creo que debe haber una financiación exclusiva de todas las campañas para evitar la penetración de dineros de grandes intereses económicos y de las propias mafias. Por otra parte, soy amigo del voto obligatorio, como ocurre en muchos países de América Latina, para que la ciudadanía asuma su responsabilidad su derecho político a contribuir y apropiarse con respeto de la democracia. Esperemos que ahora, con la nueva correlación de fuerza en el Gobierno y en el Congreso, sea posible impulsar esa reforma así.

(Vea también: Petro le reconoció una a Duque y le echó flores por medida que tomó)

magistrado
magistrado
  • Cambiando de tema, usted ha dicho que la vicepresidenta electa, Francia Márquez, le pidió su hoja de vida porque le gustaría que fuera el próximo Ministro de Justicia. ¿Qué tan cerca está de materializarse esa posibilidad?

La vicepresidenta le propuso al presidente Petro que tuviera en cuenta mi hoja de vida. He tenido el apoyo de congresistas del Pacto Histórico como Iván Cepeda, Roy Barreras y Alirio Uribe, entre muchos otros.

Pero lo que quiero decirles es que el poder no es algo que me apetezca, no es que desee ser ministro. He dedicado mi vida a defender la democracia colombiana y los Derechos Humanos. Si el presidente Petro tiene mi nombre en cuenta, daré lo mejor de mí, como siempre lo he hecho.

Si considera que debo ocupar otra responsabilidad dentro del Estado, lo haré. Y si considera que puedo seguir apoyando desde la sociedad civil, lo seguiré haciendo. Mi vocación es servirle a Colombia.

  • Congresistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil han promovido su nombre para ese ministerio. ¿Cómo siente ese respaldo?

Le he dado mi agradecimiento a todas esas personas, sindicatos, mujeres, campesinos, indígenas, académicos. Para mí es un honor y una gran satisfacción que se reconozca mi labor como magistrado del CNE y mi lucha por los Derechos Humanos.

(Vea también: Indígenas se tomaron un ingenio azucarero en Cauca y Petro les pide calma para dialogar)

No puedo negar ni ocultar la satisfacción, porque normalmente en este país solo se reconocen los méritos de las personas cuando están muertas. Para mí, que muchas veces he estado con el temor de ser asesinado, estos reconocimientos me dan una inmensa complacencia.

  • Usted ha dicho que hora de darle una transformación al Ministerio de Justicia adoptando una perspectiva clara en Derechos Humanos. ¿Eso qué implicaría en la práctica?

He planteado ligar el tema de justicia al tema de los Derechos Humanos (DD. HH.), dándole entidad ministerial a su protección y respeto con una verdadera política pública. Eso implica que la Consejería presidencial de los DD. HH., la Dirección de DD. HH. del Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica estuviesen bajo el ministerio de Justicia. 

Mi propuesta busca avanzar en una óptica de justicia restaurativa, que permita no solo satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, sino a las garantías de no repetición.

Esta noción de justicia se reflejó en el Acuerdo de Paz y ha beneficiado por igual a exguerrilleros y militares. Tenemos que seguir avanzando en esa óptica para lograr la reconciliación de la población colombiana y, sobre todo, de aquellos que han alzado las armas de manera criminal contra su propio pueblo.

Mal balance en estado de DD. HH.

  • ¿Qué balance hace en materia de DD. HH. del gobierno de Iván Duque?

Año tras año, en informes y sentencias, se han ido identificando las vulneraciones de los DD. HH., la impunidad y la alta responsabilidad de las autoridades de no actuar de manera decidida para garantizar la vida de los líderes sociales. Hay enormes responsabilidades que se tienen que concretar en una transformación profunda de la manera de actuar desde la institucionalidad.

Por eso, es una grata noticia, de una dimensión histórica importante, los nombramientos que ha venido haciendo el presidente Petro en sus ministerios, en particular, en el de Defensa con Iván Velásquez, un hombre incorruptible y de gran inteligencia que demostró, como encargado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que se pueden enfrentar las estructuras criminales dentro del Estado y ayudar a desmontarlas. El pueblo de Guatemala apoyó y ama a Iván Velásquez, espero que lo apoye y lo ame el pueblo de Colombia. 

  • Llegue o no al Ministerio de Justicia, usted propone un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas. ¿En qué consiste?

Todos los expertos a nivel mundial reconocen que la forma cómo se ha desarrollado la lucha antidrogas ha sido un enorme fracaso. Es paradójico e inconcebible que en Colombia se acepte una dosis mínima de consumo, pero no haya posibilidad de proveerla legalmente. Entonces, para poder desmontar el poder criminal de las bandas de narcotráfico, tenemos que transitar hacia la legalización, tener un control del Estado sobre la producción y distribución, y darle un tratamiento de salud pública con una política adecuada, para que las familias que lidian con un problema de drogadicción tengan un apoyo estatal para evitar el consumo y ayudar a las personas adictas para que lo superen progresivamente.

  • ¿Cuál es su propuesta para mejorar el sistema carcelario y penitenciario?

Se requiere convertir los centros de reclusión en centros de rehabilitación, eso implica dar plenas garantías para el estudio y el trabajo de los reclusos. A menudo, sus familias fuera de las cárceles quedan desamparadas, pero si logramos que hagan parte de los procesos laborales y productivos, podrían recibir un ingreso producto de su trabajo y contribuir en el mantenimiento de sus familias. Eso implica también concebir procesos productivos que lleven a que las cárceles sean autosostenibles y no tengamos que estar pagando con nuestros impuestos a las personas que están privadas de la libertad.

Lee También
  • La primera medición de Invamer Poll después de las elecciones marcó un optimismo de la ciudadanía con el cambio de Presidente. ¿Qué espera usted en estos cuatro años?

Todas las instituciones y la ciudadanía debe contribuir a convertir a Colombia en potencia mundial de la vida y eso implica dejar los rencores y los odios, y aceptar que la mayor riqueza de una sociedad es la diversidad y la pluralidad de las ideas. Si podemos avanzar hacia la consolidación de la paz en el país, a desmontar tanta estructura criminal y acabar con la corrupción tanto pública como privada, podremos asegurarle a las generaciones futuras no solo un país en el que puedan vivir con dignidad sino contribuir a que la humanidad tenga la esperanza de transformarse en todos los rincones del planeta.

LO ÚLTIMO