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Sigue viva la polémica por cuenta de dos decisiones que tomaron las autoridades de Estados Unidos en contra del Grupo Aval y Corficolombiana, por su relación con el escándalo de Odebrecht. Ahora, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado anunció que, acatando la orden del presidente Gustavo Petro, le pedirá al Departamento de Justicia (DO) y a la Comisión de Valores (SEC) de ese país que envíe toda la documentación de las sanciones y sentencias impuestas a las empresas colombianas.
Así lo dio a conocer la entidad estatal, a través de su cuenta de X. Ahora, la Cancillería, en cabeza de Álvaro Leyva, tendrá que activar los canales diplomáticos para poder acceder a esa información. La génesis de esta petición oficial son dos decisiones del DOJ y la SEC que se conocieron la semana pasada. El contenido de esos fallos revivió la polémica sobre la participación del conglomerado empresarial de Luis Carlos Sarmiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
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Según los hallazgos de Estados Unidos, Corficolombiana, la cual hace parte del Grupo Aval, aceptó pagar $ 80 millones de dólares en multas por su participación en el circuito de actos corruptos que la llevó a quedarse con la adición Ocaña-Gamarra del proyecto Ruta del Sol II, de la mano de su socio Odebrecht. “Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades,”, dijo Erek Barron, fiscal de la Corte del Distrito de Maryland.
Según el DOJ, “entre 2012 y 2015, Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa para ofrecer y pagar más de $23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano con el fin de obtener un contrato para construir y operar una autopista de peaje conocida como la ampliación Ocaña-Gamarra”, se lee en un comunicado de prensa. La investigación contra Corficolombiana tenía que ver con la violación de la cláusula antisobornos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
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Para que el proceso cesara, Corficolombiana aceptó pagar una sanción penal de $ 40.6 millones de dólares. Además, esta filial del Grupo Aval también aceptó pagar otra multa de $ 40 millones de dólares a la (SEC), a cambio de que la entidad desistiera de los procedimientos que había iniciado en su contra por involucrarse en el esquema de corrupción que desembocó en la adición Ocaña-Gamarra. Todos estos detalles, desconocidos en Colombia hasta hace dos semanas, llevaron a que el presidente Petro entrara en el debate.
Aunque todavía no se conocen detalles de las pruebas a las que accedieron las autoridades norteamericanas, en el aire quedaron dos asuntos no menores para la investigación judicial en el país sobre este enorme escándalo de corrupción. La primera: según el DOP y la SEC, Corficolombiana habrían pagado otra coima de $ 3.4 millones de dólares que, al parecer, no se ha investigado en Colombia. Y, segundo, que un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos habría recibido un cuantioso soborno, apodado ‘Colombian Officer 3’.
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Todavía no se sabe la identidad de esa persona, ni del contexto o las pruebas de ese otra coima que había pagado la empresa del Grupo Aval. Por estas razones, el gobierno Petro pidió toda la información posible de la investigación de Estados Unidos para conocer los vacíos que ha tenido la investigación de la Fiscalía y que, al parecer, habrían resuelto las autoridades estadounidenses. La petición del presidente no se escapa tampoco de la polémica.
Según el fiscal Francisco Barbosa, que fue acusado por el exdirector de la ANI, la única persona que puede activar este tipo de cooperación judicial es la Fiscalía. La advertencia la hizo el jefe del búnker, el jueves pasado, en una rueda de prensa en la que anunció la imputación de cargos a 55 personas involucradas en el caso de Odebrecht. Para Barbosa, la petición del presidente Petro se configuraría en una “violación a la autonomía del ente acusador y de la justicia colombiana”.
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