Una de las prioridades en la agenda del presidente Gustavo Petro, desde que estaba en campaña, ha sido la protección de la Amazonia. En varios escenarios, como la Asamblea General de Naciones Unidas y la COP 27, centró su discurso en lo vital que es este ecosistema para la mitigación y adaptación al cambio climático, y, por tanto, para la supervivencia humana.
Por eso, el primer mandatario ha sido reiterativo con varias entidades del Estado colombiano para que se identifique y capture a los principales agresores ambientales de esta región del país, que tiene una protección especial desde 2018 —por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los casos que más ha afectado a la Amazonia —en el radar de las autoridades desde hace tres años — es la construcción de una vía ilegal de 138 kilómetros, causando la deforestación de unas 11.000 hectáreas en el Guaviare (equivalentes a 8.460 plazas de Bolívar), que representan el 6 % del área deforestada en 2016 en Colombia.
Desde 2019 la Fiscalía sabe quiénes fueron los mayores responsables de este grave crimen ambiental, gracias a una extensa investigación a la que accedió El Espectador, que detalla cómo estos altos funcionarios locales también incurrieron en otros delitos para permitir que se pavimente en plena selva.
Los apuntados por la Fiscalía, a quienes ya les imputó cargos, son tres alcaldes que gobernaron entre 2016 y 2019: Óscar Ospina Ortiz, del municipio El Retorno; Pedro Novoa, de Calamar, y Jhoniver Cumbe, de Miraflores (todos del departamento del Guaviare). A su vez, la Fiscalía tiene serios indicios de que la gobernación de Nebio de Jesús Echeverry también estuvo implicada en este desastre ambiental. Pero en este caso no se trata del exgobernador, sino de Francisco Cuéllar, su mano derecha, quien, además de ser su secretario de Gobierno, estuvo encargado de la gobernación en varias oportunidades.
Según la Fiscalía, una de las veces en que Cuéllar estuvo a la cabeza de la Gobernación del Guaviare, en 2016, aprobó un contrato por más $14.000 millones, destinado a la construcción de la cuestionada vía, pasando por encima de las restricciones ambientales, pues algunos tramos de la obra atraviesan los Parques Nacionales Naturales Chiribiquete y Nukak. Por este rol de Cuéllar, el ente investigador le solicitó a la Corte Suprema de Justicia, en septiembre de 2020, que evaluara la participación del entonces gobernador encargado en los graves delitos ambientales que habría causado la obra.
“Entidades territoriales como la Gobernación del Guaviare estimularon y promovieron dicha construcción vial, con lo cual queda en evidencia el propósito del gobernador (Cuéllar) de orquestar procesos de colonización e invasión de tierras baldías ubicadas en áreas de especial importancia ecológica (…) Existe absoluta claridad sobre la comisión del delito de daños en los recursos naturales por la destrucción de toda un área estratégica de gran valor para la conservación de la biodiversidad, lo cual implica la afectación de fuentes hídricas que circulan por el área protegida”, apunta la Fiscalía General en su solicitud al alto tribunal, la cual sigue inmóvil dos años después.
La falsa legalización de la vía
¿Cómo hicieron tres alcaldes y un gobernador para atravesar una carretera por el Guaviare en frente de todos? De acuerdo con la Fiscalía, el documento del plan vial departamental, de noviembre de 2016, tenía previsto intervenir 14 tramos de una vía ilegal que conecta los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare. Sin embargo, en 2018, ese plan fue modificado y se propuso la intervención de 19 tramos viales, entre ellos, algunos que se “superponen con humedales y áreas ambientalmente protegidas, por lo que no era posible hacer ningún tipo de mejoras o mantenimiento hasta tanto no se superaran los temas ambientales”, dice la Fiscalía.
El ente investigador afirmó que la Gobernación y las alcaldías en cuestión argumentaron este cambio amparados en un apartado de la Ley 1274 de 2014 —la cual define las zonas de reserva forestal en Colombia—, que establece que en áreas de protección especial se puede realizar el mantenimiento de vías existentes. Sin embargo, para la Fiscalía estos cuatro líderes políticos intentaron darle legalidad a la obra haciéndola pasar como un mejoramiento vial, algo que aceleró la deforestación en el departamento. A su vez, el ente investigador dice que tiene imágenes satelitales que demuestran que hasta 2015 tales vías no existían.
“Este territorio tenía un alto índice de deforestación, pero a raíz de esta decisión política de todos los mandatarios regionales de intervenir las vías, porque con ello viene el ‘progreso’, se incrementó la deforestación en 11.000 hectáreas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Esta deforestación no era de finqueros o de personas aisladas. Fue una decisión política. Si bien se ha dicho que esos caminos ya existían, nosotros tenemos evidencias de que no estaban trazadas igual y que se intervinieron nuevos tramos. Tenemos cómo demostrarlo con informes de inteligencia de la Fuerza Aérea, es una deforestación hecha a partir de 2016”, señaló la Fiscalía.
Desde la academia también se había alertado sobre la tumba masiva de árboles en este departamento. La edición de 2020 de la Revista Colombia Amazónica, del Instituto Sinchi, advertía que desde 2015 la deforestación en el Guaviare presentaba una de las secuencias más completas de este fenómeno:
“Desde la fase inicial de tumba, quema y actividades ilegales en lotes de pequeña escala asociada a población vulnerable, hasta su adquisición en grandes áreas para agroindustria, inversiones en mecanización de tierras e inversión pública en mejoramiento de vías”. Según esa publicación, en 2020 la ampliación de la vía entre Calamar y Miraflores superó los 37 km.
Angélica Rojas, coordinadora de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Guaviare, explica que además de la deforestación hay otro tema que ocurre en este mismo tipo de situaciones: “La entrada de comunidades en condiciones de vulnerabilidad, que los grandes terratenientes traen para que se vuelvan un mecanismo de presión, generando conflictos sociales y económicos porque se vuelven demandantes de servicios”. Algo que, en palabras simples, funciona así: traen a la gente para que haga presión social, se forma una junta de acción comunal y se justifica que hay una vereda, aunque no sea legal.
Según Rojas, en 2016 fueron terratenientes los que llegaron a diferentes áreas por las que atraviesa la carretera y “se apropiaron de tierras deforestando a lado y lado de la vía”. Este mismo patrón lo identificó la Fiscalía, pues en el expediente señala que a lo largo de esta vía se construyeron fincas con estanques para cultivar cachamas. “Señor juez, usted pregunta quiénes son los dueños de esas tierras y precisamente son las familias y las personas más cercanas a los mandatarios locales”, señaló la Fiscalía durante las audiencias de imputación de cargos.
Las llamadas del alcalde Barreto
Por medio de interceptación de llamadas, se descubrió que el alcalde de El Retorno movió sus influencias para permitir la construcción de la vía. Incluso, dice la Fiscalía, cometió otros delitos. Por ejemplo, el ente investigador señaló que durante varias semanas intervinieron legalmente las llamadas del celular del alcalde Óscar Ospina y encontraron que pedía, a través de terceros, interceder con el nuevo gobernador (2020), Heydeer Palacio, “para que continúen desarrollando la vía hacia Miraflores y abiertamente le dice que, como lo de la vía era complicado [es decir, ilegal], para no intervenir de manera directa prestando la maquinaria, les iba a dar la gasolina y el acpm que necesitaran”, explicó la Fiscalía.
De modo que, advierte este organismo, la maquinaria habría sido puesta por privados. “Esas han sido las excusas de los mandatarios locales: que la maquinaria la pone la gente privada, que la deforestación la causó la guerrilla, que ellos son ajenos a esta actividad que se está desarrollando a la luz de sus ojos y en su territorio”, señaló la Fiscalía durante las audiencias del caso.
La Fiscalía encontró en las llamadas de Ospina que habría entregado dineros públicos para la campaña a la alcaldía de Yeyson Pineda Alfonso, actual alcalde de El Retorno, y por eso la fiscal del caso pidió a la Fiscalía que investigara estos hechos por el delito de indebida participación en política.
La Fiscalía también alertó sobre los recursos de cooperación internacional que han sido entregados al Guaviare en materia ambiental. “Encontramos que el mandatario local del municipio, Óscar Ospina, ha utilizado ese poder para interferir en la definición de contratos de administración pública del medio ambiente que se han firmado con Visión Amazonia”, iniciativa del Gobierno que promueve acuerdos con autoridades municipales, asociaciones de campesinos y comunidades indígenas para reducir la deforestación en la Amazonia.
El 5 de julio de 2019, Ospina solicitó en una llamada que se le asignara mayor puntuación a “personas que son de sus afectos” y que no fueran un inconveniente para ejercer como alcalde.
Durante las audiencias del caso, la defensa de Ospina señaló que la Fiscalía no estaba aportando mayor información que corroborara que su cliente sí habría participado en dichos delitos y que todos esos señalamientos eran infundados.
Aunque los abogados de los alcaldes han dicho que todo el trámite de la vía fue legal y que no cometieron ningún delito, la Fiscalía tiene la plena certeza de que todo se trató de un plan a gran escala para, a como diera lugar, interconectar los municipios sin importar que pasaran por encima de la selva. Aunque la Fiscalía les imputó cargos en 2019 a los tres alcaldes, El Espectador se contactó con este ente investigador y las demás partes del caso para indagar en qué ha avanzado el caso, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
.svg)
