El jefe del ente investigador asegura que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha dado respuesta ni ha ofrecido una “solución eficaz” a la problemática del hacinamiento y aseguró que podría afectarse la detención de delincuentes:
“En estos momentos será imposible que la Fiscalía pueda continuar llevando a cabo capturas en los departamentos de Cauca, La Guajira, Huila, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Meta, Atlántico y Magdalena”.
En ese documento, Martínez le pidió al general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec, que se “adopten soluciones estructurales al problema que está enfrentando el sistema penitenciario y carcelario” porque la capacidad de albergue de las URI superó el 100 %.
La Fiscalía indicó que “en total, se encuentran 1.023 personas privadas de la libertad en las Salas de Paso de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional y solo se tiene capacidad para alojar 663 personas”. Martínez le envió una copia de esa carta a la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
En rueda de prensa, Luis González, director de Fiscalías y Seguridad Ciudadana, agregó: “Van a encontrar que [las URI] están atestadas de tantos criminales que se les ha impuesto medida de aseguramiento y como pasa en 9 ciudades del país ya no hay cupo para tanta persona privada de la libertad y que se le ha impuesto por los jueces medida de aseguramiento y ya no hay donde llevarlos”.
Otra de las recientes crisis carcelarias se vivió en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, cuando los reclusos denunciaron en videos que enfrentan una grave emergencia porque no tienen agua potable ni servicios sanitarios.
Entre tanto, el viceministro de Política Criminal, Juan Francisco Espinosa, se refirió a la carta del fiscal y aseguró que ya le dieron “las instrucciones al general Ramírez del Inpec para que se tomen decisiones inmediatas que permitan no paralizar las capturas por parte de la Fiscalía”.
