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El Gobierno Nacional y la disidencia de las Farc autodenominada como Estado Mayor Central (Emc) -al mando de Iván Mordisco- tienen acordado el inicio de un cese al fuego bilateral temporal de 10 meses a partir del próximo 8 de octubre. Si bien esta decisión fue confirmada el pasado 20 de septiembre, la serie de atentados en Cauca durante los días posteriores pusieron en tela de juicio la voluntad de paz de algunos frentes e, incluso, la unidad de mando del Emc.
Sin embargo, en las últimas horas algunas estructuras de este grupo armado se pronunciaron para acatar la orden y cumplir en los territorios que operan un cese de operaciones ofensivas contra la fuerza pública.
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Este fue el caso del frente ‘Jaime Martínez’, estructura que opera principalmente en el occidente y suroccidente del país, y que estuvo detrás de varios de los atentados en Cauca y Valle la semana pasada. Por medio de un video publicado este lunes, el frente informó que acoge la directriz nacional de frenar ataques contra la fuerza pública, reservando “el derecho a la legítima defensa” en caso de ofensivas de su contraparte.
Este brazo armado guerrillero confirmó que este acatamiento tendrá vigencia desde la medianoche del 25 de septiembre hasta la jornada del 8 de octubre, cuando inicie el cese al fuego bilateral. No obstante, en ese mismo comunicado en video, los combatientes afirmaron que a lo largo de las últimas semanas han sido blanco de acciones que afectarían las intenciones de paz.
“La fuerza pública ha suplantado a las Farc para atacar poblaciones de la mano con grupos paramilitares. Los gobernantes en las regiones no han hecho nada para parar estas prácticas que ponen en riesgo no solo el cese de acciones ofensivas sino el cese al fuego próximo a establecerse”, agregaron los guerrilleros.
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Caso similar fue el de miembros del Comando Conjunto de Occidente del Emc, quienes también en video dijeron que los combatientes bajo el mando de Iván Losada les solicitan a los frentes 10, 45 y 28 un freno a las acciones contra la fuerza pública.
En su comunicado, emitido el pasado 23 de septiembre, le solicitaron a sus filas detener esas acciones armadas y no cometer nada que ayude a “entorpecer el desarrollo de las campañas electorales”.
Este grupo también dijo que se “reservarían el sagrado derecho de la legítima defensa” y acusaron a la comandancia de la Fuerza de Tarea Quirón de organizar una campaña de exterminio en su contra “con o sin cese al fuego”.
Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno Nacional en el proceso de diálogo con el Emc, calificó al venidero inicio del cese al fuego con este grupo armado como algo “histórico y rodeado de múltiples protocolos para vigilarlo y garantizar que las partes cumplan esto y todos los acuerdos adicionales a los que se llegue”.
En las delegaciones, pero especialmente en los territorios, se espera que este intento de cese al fuego sí sea el definitivo, porque a inicios de este año algo así se intentó sin éxito.
Esa disidencia fue uno de los cinco grupos con los que el Gobierno de Gustavo Petro anunció el 31 de diciembre de 2022 un cese al fuego por seis meses que terminaría en junio de 2023. Sin embargo, el alto al fuego con esa disidencia fue suspendido el 21 de mayo tras conocerse que el Frente Carolina Ramírez, adscrita a ese grupo disidente, asesinó a cuatro niños indígenas, que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en Caquetá.
El 20 de septiembre, cuando se conoció la fecha de inicio del cese al fuego, quedó establecido que el 8 de octubre de 2023 se instalará la mesa, se promulgará el decreto del Acuerdo de Respecto a la Población Civil (basado en el protocolo adicional II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949) y de cese al fuego, y que los pasos a seguir vendrían en la segunda semana de noviembre cuando se instale el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) en su punto nacional, y empezará la preparación de los puntos regionales y locales. Al igual que con el proceso con el ELN se mantendrán las visitas humanitarias en los territorios y se conformará una comisión especial para atender la situación de integrantes del Emc que están privados de la libertad.
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