La disidencia de las extintas FARC autodenominada como Estado Mayor Central (EMC) y comandada por Iván Mordisco anunció este martes que hará una consulta interna para evaluar si continúa en el cese al fuego que tiene con el Gobierno de Gustavo Petro desde el pasado 1 de enero o si unilateralmente lo da por terminado.

(Vea también: Gobierno Petro se sentará con más grupos armados ilegales; la lista es larga)

La decisión de esa disidencia la dio a conocer a través de un comunicado a la opinión pública, donde el grupo armado señaló que presuntamente el gobierno de Petro incumplió el cese al fuego. “A pesar de nuestro esfuerzo para el cumplimiento del cese al fuego bilateral temporal y de carácter nacional, con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, han sido múltiples los incumplimientos por parte la fuerza pública, en todas las regiones en donde hay unidades nuestras”, se lee en el comunicado.

Y agregan: “Es una decisión que lamentaríamos mucho (la de terminar el cese al fuego), pero queremos enfatizar en que no es por falta de voluntad nuestra, sino de quienes tienen en sus manos las decisiones que pueden ayudar a parar la guerra”, afirman.

El Estado Mayor Central aseguró que la más reciente violación de ese cese ocurrió el lunes 15 de mayo. “El día de ayer nuevamente las Fuerzas Militares rompieron el cese al fuego en el departamento de Nariño, en el sector La Laguna; mientras nuestras unidades combatían en contra de las estructuras paramilitares de Los Contadores, Guachos y Allendes, pertenecientes a la Segunda Marquetalia, con quienes jamás tendremos un cese al fuego porque su visión es netamente económica y no revolucionaria”, se afirma en el documento. La Segunda Marquetalia es la otra disidencia de las FARC, comandada por Iván Márquez, y con quienes el EMC tiene confrontaciones.

El cese al fuego con el EMC empezó a monitorearse desde el pasado 24 de abril cuando se instaló en Bogotá el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV). Esa instancia nacional quedó integrada por delegados de la OACP, del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública y de este grupo armado, y que cuenta con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA. En calidad de observadores están la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia católica, como representante de la sociedad civil.

En el acuerdo sobre ese mecanismo no solo se dispuso de ese órgano nacional, sino que se preveía que habría equipos locales que se desplegarán en un número aún no determinado de lugares donde hace presencia este grupo armado. Justamente el EMC señaló que esos grupos locales no se han instalado y que ese hecho los hace dudar sobre la voluntad política del Gobierno Nacional y el avance de los diálogos de paz.

“A las FARC-EP se nos acusa de violación al cese al fuego por hechos que, a nuestro juicio, son propios de una insurgencia que no está aún, en una mesa de conversación, pues hasta ahora solo hemos acordado un cese al fuego, el cual ya se va a terminar y no se han instalado los Mecanismos de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) locales”, se dice en el documento.

El grupo armado también señala que tanto al presidente Petro como el alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, están al tanto de denuncias de violaciones de cese al fuego, y que “hasta la fecha no se han adelantado las investigaciones respectivas para su no repetición”.

El EMC es el grupo más grande liderado, en su mayoría, por mandos medios de la extinta guerrilla que no se acogieron al Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. Se cree que tiene cerca de 3.200 personas en armas y un número indeterminado de milicianos, distribuidos en 23 frentes que operan en 16 departamentos del país. Esta disidencia nació cuando Gentil Duarte e Iván Mordisco decidieron no firmar el Acuerdo de La Habana y seguir en la guerra.

Los enfrentamientos entre presuntos miembros de ambas disidencias fueron advertidas por el mismo alcalde de San Vicente del Caguán (Caquetá), Julián Perdomo, en una carta enviada al presidente Petro y al comisionado Rueda ese lunes 15 de mayo. En la misiva, el alcalde afirmaba que había presencia y confrontación en zona rural de ese municipio, específicamente en la Zona de Reserva Campesina de la cuenca del río Pato. Según Perdomo, este no fue el único enfrentamiento, y afirmó que en días previos se presentaron otros por el caserío de Guayabal y en la vereda Las Perlas. En la carta, el alcalde le pidió a Petro y a otras entidades involucradas en los acercamientos de paz con el EMC, una visita al territorio para determinar acciones claras para restaurar la paz en el territorio.

(Lea también: Petro reconoce descaches en cese al fuego con ‘Clan del Golfo’, en medio de su paz total)

En el comunicado, la disidencia afirma que la instalación de la mesa de diálogo está en “un peligroso letargo” y que lo atribuyen a las ramas del poder público y judicial porque no han levantado las órdenes de captura de los voceros en la mesa de diálogo. En efecto, ese trámite judicial fue una de las razones por la que se postergó la instalación de la mesa de diálogo que estaba prevista para el 16 de mayo, según lo comunicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.